Colprensa
jueves, 24 de diciembre de 2020
El Gobierno Duque habría incumplido una orden de hace dos años de la Corte Constitucional para proteger derechos fundamentales
El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, alertó sobre el incumplimiento del Gobierno Nacional a la sentencia que protege los derechos fundamentales de salud, acceso al agua y seguridad alimentaria de niños y niñas del pueblo Wayúu.
Lo hizo mediante un contundente llamado ante la Corte Constitucional y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de la capital de la Guajira, Riohacha, para dar a conocer el no acato y desconocimiento del Gobierno en cumplir los fallos de la justicia y de los plazos que se han entregado para no llevar a cabo lo ordenado.
“Estamos en desacuerdo con el otorgamiento de un nuevo plazo para la ejecución de las órdenes, ante la falta de políticas públicas eficaces y el poco avance en el proceso de diálogo con las comunidades”, indicó la Procuraduría.
Y es que la situación es bastante grave, el hambre y el acceso a derechos básicos como el agua es una problemática histórica que aún persiste en la comunidad Wayuu y en la que ningún gobierno ha ejercido voluntad política para acabarla. Por ejemplo, 63 menores murieron entre 2017 y 2020 por desnutrición en la Guajira y desde octubre se viene reportando 784 con desnutrición aguda.
Desde octubre, la veeduría ciudadana que realiza seguimiento a la sentencia que ampara los derechos de los niños y niñas wayuu de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia ya venía solicitando al Tribunal Superior no conceder más plazos y declarar el desacato urgente. Así mismo, a la Corte Constitucional se le había pedido el seguimiento judicial a la sentencia dado que las acciones del Tribunal son precarias y la hambruna sigue matando niños.
Sin embargo, dos meses después se sigue solicitando lo mismo al Gobierno Nacional: acato al fallo emitido hace dos años y acciones urgentes para amparar los derechos de la comunidad Wayúu.
Pues para la Procuraduría no es posible que luego de dos años de expedirse el fallo por la Corte Constitucional, que declaró el estado de cosas inconstitucional, el Gobierno aún no haya diseñado políticas públicas que conlleven a erradicar el hambre y la precarización de la dignidad humana en la comunidad Wayúu.
"Los resultados de los intentos para construir los indicadores de medición cumpliendo las condiciones exigidas por la Corte Constitucional... no pueden ser aceptados pues reflejan ineficiencia e ineficacia de las acciones, tras dos años y medio de notificada la sentencia, mientras las consecuencias de estos intentos se miden en pérdidas de vidas humanas de los niños Wayúu", precisó.
Por lo que para Carrillo “el plazo otorgado a nuestro juicio ha sido suficiente para que el Gobierno articule propuestas con el enfoque étnico diferencial requerido, producto de un proceso legítimo de consulta con las comunidades", subrayó.
Esta vez, en el documento que envió Fernando Carillo, el funcionario señaló que de acuerdo a la evaluación realizada por el Instituto Nacional de Salud (INS), en La Guajira han fallecido 30 niños menores de 5 años por desnutrición o causas asociadas, mientras que en Atlántico y Cesar se reportaron 9 y 8 fallecimientos respectivamente.
Carrillo dijo que "se evidencia la abismal diferencia entre los eventos de mortalidad que se presentan en La Guajira frente a los demás departamentos”.
Agregó que "después de dos años y medio de notificada la sentencia, el Gobierno nacional aún no cuenta con una línea base, desconoce la forma de implementar en el territorio su oferta institucional y no cuenta con sistemas de información que le permitan identificar la población objeto de atención”.
Agregó que también se carece de esta información, lo que hace imposible adoptar políticas públicas eficaces.
“El Gobierno no ha logrado coordinar un plan integral y concreto de acción que permita superar la crisis, no ha garantizado un diálogo genuino con las autoridades legítimas del pueblo Wayúu, ni cuenta con personal capacitado y conocedor de sus usos y costumbres”, afirmó.
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