miércoles, 16 de enero de 2019
Distrito, Constructora y Ministerio buscan fórmulas para equilibrio de derechos
El Distrito de Cartagena, la constructora del proyecto Aquarela y el Ministerio de Cultura adelantan las mesas de trabajo conjunto ordenadas por la Juez 11 Administrativa de Cartagena, con miras a establecer fórmulas de arreglo que permitan una solución a la problemática generada por la obra urbanística que se construye en la parte posterior del Castillo San Felipe.
Se trata de buscar una salida atendiendo los derechos de los distintos actores involucrados en este proyecto de vivienda de interés social.
La segunda mesa de trabajo se llevará a cabo el 21 de enero, según lo estipuló la Juez 11 Administrativa del Circuito de Cartagena.
En la primera reunión, celebrada el 13 de diciembre de 2018 en Bogotá, las partes acordaron las reglas de juego para avanzar en esta etapa, determinando fiscalizarse en los aspectos técnicos urbanísticos, buscando proteger el patrimonio de la ciudad y honrando al mismo tiempo los derechos adquiridos por parte de los inversionistas y los constructores de las viviendas estipuladas en este proyecto.
Un punto clave en este proceso, lo constituye el plan de desarrollo urbanístico de Cartagena. Actualmente, la ciudad cuenta con un déficit habitacional de 100.000 viviendas; uno de los más altos de Colombia.
Otro aspecto clave es el plan de revitalización de los monumentos Patrimonio de Cartagena, pues los expertos señalan la necesidad de incorporar los bienes de interés cultural al sistema urbano. Esta es una de las principales características que se manejan en grandes capitales que cuentan con lugares históricos declarados como patrimonio de la humanidad.
Para esta nueva sesión, las partes estudiarán distintas propuestas desde lo urbanístico, buscando que el proyecto salga adelante, atendiendo los requerimientos del Ministerio de Cultura.
Es importante aclarar que la Unesco mantiene la vigencia de Cartagena como patrimonio de la humanidad. De allí que la salida a este proyecto revista gran importancia, pues la meta es que la ciudad conserve este estatus.
El próximo 15 de febrero se llevará a cabo una nueva audiencia ante el mismo juzgado, donde se deberá presentar la fórmula de arreglo acordada por las partes, las cuales tendrán como base el principio de legalidad y la viabilidad técnica y urbanística existente.
Este conflicto inició por una acción popular que interpuso el Ministerio de Cultura contra la urbanización. Pese a esto, la solución más viable que han planteado los expertos es llegar a un pacto de cumplimiento que atienda los requerimientos y los derechos de todos los agentes en conflicto.
El proyecto afronta tres procesos judiciales adicionales, que van desde una acción de nulidad hasta un proceso policivo
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