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  • Diego Alejandro Ospina Henao

lunes, 31 de octubre de 2022

Las personas podrán enfrentar una suspensión definitiva de la actividad y se destruirán los bienes en dónde se guarde la pirotecnia

El Código de Seguridad Ciudadana que interpuso el Gobierno de Iván Duque sobre el manejo y uso de la pólvora estableció unos requisitos para el uso de este elemento, que sí no se cumplen, para poder manipular los fuegos artificiales, las personas podrán enfrentar una suspensión definitiva de la actividad; además de que se destruirán los bienes en dónde se guarde la pirotecnia.

Este artículo fue analizado por la Corte Constitucional, ya que tiene una demanda interpuesta, al supuestamente, vulnerar algunos artículos de la Constitución. Alejandro Dávila Quintero fue el vocero de la demanda, debido a que las personas que comercializan y están dentro del mercado de la pirotecnia, "son estigmatizados, por varios sectores de la sociedad (...) En no pocas ocasiones, dicha estigmatización ha alcanzado el nivel de las autoridades municipales y departamentales, quienes en una clara extralimitación de sus competencias legales y constitucionales han prohibido esta actividad económica en sus territorios”, expresa la demanda.

El demandante expresó que todas las personas que trabajan y viven del negocio de la pólvora deben tener los mismos derechos que cualquier otro ciudadano que trabaje en otra área comercial. “Sin lugar a duda las actividades económicas del sector de la pirotecnia son actividades lícitas y como tales merecen la misma protección legal y constitucional que cualquier otra actividad económica de libre iniciativa privada”, agregó Dávila.

Con la ayuda del Ministerio de Salud y la Procuraduría, la Corte estudió esta demanda y encontró que la comercialización de la pólvora esta protegida por la normativa, pero que esta debe ser vigilada por el Estado, para que no afecte los derechos de los ciudadanos. Por estos motivos, las entidades le pidieron a la Corte que no tocara Código de Seguridad Ciudadana de Duque, ya que este protege la integridad de los ciudadanos.

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