El exmagistrado José Gregorio Hernández será el rector de la Unisinú sede Bogotá

La Universidad del Sinú- Elías Bachara Zainún abre sus puertas para la facultad de derecho en Bogotá.

El exmagistrado de la Corte Constitucional, Jose Gregorio Hernández, será el rector de la institución en la capital, la cual iniciará sus actividades académicas a partir de julio de 2013 en el claustro del antiguo monasterio de los Hermanos Capuchinos en Usaquén.

El programa de derecho que ofrecerá la Unisinú espera recibir un cupo máximo de 100 estudiantes en el primer periodo y tendrá un valor aproximado de $4.600.000 por persona. Hernández fue designado rector por el Consejo Directivo de la Universidad ya que cuenta con una amplia trayectoria profesional, como magistrado de la Corte y presidente de la misma, fue candidato para la vicepresidencia para el periodo 2002-2006, profesor de los programas de derecho en varias universidades incluyendo la Unisinú. LR habló con el exmagistrado sobre las expectativas de este nuevo proyecto, su posición frente al sistema judicial en el país y sobre los diálogos de paz.

¿De dónde nació la idea de traer la Unisinú a Bogotá?
Con la experiencia que ha tenido la Universidad, con la alta calidad del programa de derecho, quisimos traer la institución para los bogotanos y las personas de todo el país que residen aquí.

¿Qué expectativas tienen?
Primordialmente la de formar abogados con plena conciencia, con una gran estructura, no solamente en el campo del derecho sino con una moral y ética insobornable, abogados conocedores de las distintas ramas del derecho, actualizados, aptos para la investigación, que sean capaces de desenvolverse en este campo y se extiendan a especialidades como el derecho financiero, comercio exterior y hasta medio ambiente. En fin, áreas en las que quizá no se ha profundizado lo suficiente en el pasado y en las que queremos insistir para la formación integral de un abogado.

¿Por qué dice que la academia se tiene que involucrar en la situación actual del país?
La academia no puede permanecer ajena a lo que pasa en Colombia, hay múltiples problemas que nos aquejan que a veces se trasluce en las leyes y en los actos administrativos, es decir, en las grandes decisiones que en ocasiones no se someten a discusión, entonces simplemente se acepta todo. La academia tiene mucho que decir al respecto y no necesariamente estar acatando todo lo que haga el Gobierno, Congreso o las altas cortes.

¿Cuál es su opinión del sistema judicial colombiano?
Mi opinión en este momento es de gran preocupación porque he venido observando que infortunadamente la selección de los altos servidores públicos en la materia no obedece a un estudio ponderado y serio de las hojas de vida, trayectoria, conocimientos de la formación y estructuración académica de los candidatos, sino que se mira mucho el apoyo político, se hace gran énfasis en el cabildeo para llegar a los altos cargos y eso no está bien.

Me parece que debemos hacer un alto en el camino y que tanto las corporaciones postulantes como las electoras mediten acerca de cómo vienen aplicando las normas de la Constitución del 91. Muchas veces se demoran meses y años para elegir un magistrado y eso no beneficia en nada la administración de justicia.

¿Qué piensa usted frente a la polémica que se ha generado con el nuevo magistrado de la Corte Constitucional, Alberto Rojas?
Yo no tengo elementos de juicio para decir quién tiene la razón, pero. Considero que él no se puede posesionar hasta dar claridad sobre los distintos puntos materia de controversia. Él está en la obligación moral con el país de decir realmente que ocurrió y cuál fue su actuación, sin escudarse en prescripción. Lo que yo le puedo recomendar es que con claridad y total objetividad presente a Colombia sus respuestas a todos estos cuestionamientos, de esta manera, todos estaremos plenamente convencidos que llega un jurista de alta calidad a la Corte Constitucional que es lo que queremos.

¿Cuál es su opinión sobre la manera como está manejando el Gobierno el proceso de paz?
El proceso tiene que ser apoyado, sin embargo, creo que tiene que fundarse en la realidad y en el derecho. Particularmente no soy partidario de una paz que se confunda con impunidad. Creo que los crímenes de lesa humanidad no pueden ser amnistiados y que en esa materia se tienen que aplicar las directrices del derecho internacional humanitario y de la propia constitución colombiana.

A parte de estar de estar de rector, ¿qué planes tiene?
Mi propósito es escribir. En este momento yo le he dado un giro a mi oficina de abogados, no la voy a acabar, pero no seguiré en el litigio. En el tiempo que me deja la universidad, me dedicaré a escribir. Próximamente la Universidad Javeriana va a publicar una obra mía sobre constitucionalidad y la Unisinú también hará lo propio con varios escritos que tengo.

¿Cuál es su opinión sobre las pensiones altas?
Es muy sencilla porque se basa en la Constitución. Esas pensiones altas de los regímenes especiales ya fueron suprimidas por el acto legislativo No. 01 de 2005, lo que pasa es que muchas personas ya habían adquirido el derecho cuando se puso en vigor el acto legislativo. Debemos diferenciar, hacia el futuro no pueden haber regímenes especiales pero desde luego hay que respetar los derechos adquiridos.