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Colprensa Miércoles, 20 de junio de 2018

Un Juez Especializado de Bogotá condenó a nueve años de presión al exsenador, exembajador y expresidente de Fedegán por su vinculación con grupos paramilitares.

“Los miembros de las autodefensas Salvatore Mancuso Gómez comandante de denominado bloque Norte, Catatumbo y Córdoba y Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’ o ‘Adolfo Paz’, comandante de los bloques ‘Héroes de Granada’, ‘Cacique Nutibara’ y ‘Héroes de Tolová’, ambos integrantes del estado mayor de la organización armada ilegal conformada por los hermanos Carlos y Vicente Castaño, manifestaron bajo juramento que Jorge Aníbal Visbal Martelo sostuvo, desde 1998 y hasta la desmovilización en el año 2005, constantes reuniones con las autodefensas en las fincas denominadas la 7, 21 y 53, todas en la zona de Córdoba, mostrando su afinidad con la ideología paramilitar y sugiriendo su expansión a territorios de actividad económica ganadera que para entonces tenían fuerte presencia de la guerrilla”, expresó el juez al leer el fallo.

En la sentencia también se expresó que dicho gremio financió el actuar paramilitar en la región, a cambio de seguridad para sus predios y actividades económicas.

“Más aún, manifestó Murillo Bejarano que Visbal Martelo, quien durante aquel tiempo se desempeñara simultáneamente como presidente de la Federación Nacional de Ganaderos y miembro de la Comisión Nacional de Paz, creada en el marco de la Ley 434 de 1998, era un miembro de la parte política de las autodefensas, integrante de un grupo especial asesor que hacía las veces de “última instancia” de la misma, al que consultaba Carlos Castaño asuntos de trascendencia para la organización armada ilegal”, señala otro de los apartes del fallo.

Visbal fue escuchado en indagatoria en julio de 2011, cuando se desempeñaba como Embajador de Colombia en Perú, a raíz de la apertura de instrucción que abrió la Fiscalía General de la Nación y la Delegada Séptima ante la Corte Suprema de Justicia, y en primera medida se le impuso medida de aseguramiento en una cárcel, pero en segunda instancia el Vicefiscal General de la Nación revocó la medida y le otorgó la libertad.

Hay que anotar que el proceso permaneció cerca de tres años, en la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, cuando esa Corporación reclamó la competencia y luego la devolvió a los Juzgados especializados.