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Ana Bedoya Jimenez martes, 6 de noviembre de 2012

En medio del más evidente acercamiento entre los empleados judiciales y la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, el fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, dijo que no está de acuerdo con declarar la ilegalidad del paro porque sus reclamaciones son justas y porque no se ha vulnerado la prestación esencial de los servicios.

“No creo que la solución al paro de los empleados de la Rama Jurisdiccional sea a través de la declaratoria de ilegalidad”, aseguró Montealegre, quien explicó que para poder decretar esta figura se tiene que vulnerar la prestación integral de los servicios públicos.

Según Montealegre, en este caso, se ha mantenido la prestación de los servicios en las unidades de reacción inmediata y se han impedido inminentes excarcelaciones. Por eso, afirmó que no comparte la orientación que la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa y la Contralora, Sandra Morelli, le han dado al paro al querer declararlo ilegal.

Sobre el tema, también coincide el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez. Sin embargo, dejó claro que se debe responder a las reclamaciones desde las realidades presupuestales del Estado.

No obstante, ante la declaratoria de impedimento de los magistrados de la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, para conocer la demanda sobre ilegalidad del paro, la Contraloría presentó una solicitud de reconsideración y les solicita actuar en consecuencia.

De otro lado, se evidencia un ambiente positivo ante la posibilidad del levantamiento del paro judicial ya que los puntos neurálgicos en las negociaciones ya fueron superados.

Las partes llegaron a un preacuerdo inicial y ahora solo los separa llegar a un acuerdo definitivo dos aspectos mínimos. En primer lugar las directivas de Asonal piden que no se tomen represalias a quienes participaron del cese de labores en todo el país y que se les paguen sus salarios en el tiempo que no estuvieron laborando.

Hasta el momento, las partes llegaron a un acuerdo consistente en el pago de $1.3 billones para la nivelación de los salarios, con pago a cinco años.

Por último, Asonal Judicial ha señalado que se comprometen a descongestionar los procesos acumulados durante los días que lleva el paro y el traumatismo al que se hayan visto sometidos. Esta semana cumpliría un mes de cese de actividades.

Sin embargo, en la mañana de ayer, cuando la Contralora Morelli acudía a una diligencia del proceso de ´carrusel de la contratación en la sede del Tribunal Superior de Bogotá, a la salida, varios empleados judiciales la abordaron y protagonizaron un incidente que terminó en insultos y malos tratos.

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