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Colprensa Sábado, 6 de diciembre de 2014

El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, ha realizado férreas críticas al proceso de paz que se desarrolla en La Habana, Cuba. Según explica, lo hace para que el resultado no sean acuerdos de impunidad que hagan imposible una paz duradera ni reconciliación. En entrevista con Colprensa, explica en qué consiste el ‘Pacto para la Paz’ que está proponiendo en distintos escenarios, ahora que, dice, es inminente la firma de un acuerdo.

Usted ha sido uno de los principales críticos del proceso de paz. Recientemente su postura ha variado y ha señalado que es hora de hablar colectivamente de la paz. ¿Por qué?

No ha cambiado un milímetro. Las observaciones hechas por la Procuraduría, y que se mantienen, corresponden a los mínimos señalados por la Corte Constitucional en las dos sentencias que revisaron el Marco Jurídico para la Paz. Otra cosa es que ante lo que parece inminente, esto es, la firma de un acuerdo, considero que es urgente buscar consensos para garantizar que el proceso permita la disolución de las Farc como aparato criminal, su reincorporación a la civilidad, el respeto por los derechos de víctimas y no impunidad.

¿Considera que ya es irreversible la firma de un acuerdo de paz?
El futuro de Colombia es la paz. El desafío que tenemos es que los acuerdos queden bien hechos, para que se puedan cumplir. Es decir, que sean legítimos para que los colombianos los respaldemos. Que no sea un factor de división y de nuevo conflicto. Que sean sostenibles a largo plazo en lo jurídico y en lo político. Ese es el debate. ¿O acaso usted cree que a ‘Timochenko’ y a ‘Márquez’ no les pasa un frío de solo pensar en que se desmovilicen, entreguen las armas y luego la justicia penal internacional venga por ellos? ¿O terminen extraditados a los Estados Unidos? Y ese riesgo será inevitable si los acuerdos quedan mal hechos. Una paz mal hecha será una sin penas privativas de la libertad. Esta semana nos lo recordó la Corte Penal Internacional, hace dos años vengo insistiendo en el tema. Las más interesadas en que queden bien hechos los acuerdos del proceso de paz son las Farc.

¿En qué consiste ese acuerdo de paz que propone?
Es un compromiso histórico con el fin de la violencia y la justicia. Proponemos un Pacto para la Paz que haga viable la firma del acuerdo de terminación del conflicto, garantice su refrendación, asegure que lo que se firme se pueda cumplir y que convierta la paz en una política de Estado, no de gobierno. Se trata de blindar los acuerdos.

¿Cuáles son los temas que deben discutirse en ese Pacto?
Los parámetros que deben atenderse los fijó la Corte Constitucional en sus sentencias. No se pueden saltar. Tienen que ver con que no exista impunidad y se garanticen los derechos de las víctimas y la verdad. Además hay temas que requieren el mayor consenso posible; por ejemplo: ¿cómo evitar que la guerrilla convierta el proceso en una gigantesca operación de lavado de activos?, ¿cómo asegurar que la llamada Paz Territorial institucionalice el Estado en el territorio y no a las Farc en el territorio?, ¿cuál debe ser la duración de las penas privativas de la libertad?, ¿qué mecanismo de refrendación es el más adecuado?, ¿cómo cumplir con los estándares internacionales en materia de derechos de las víctimas?, ¿qué límites imponer para la participación en política a perpetradores de crímenes de guerra y de graves violaciones a los derechos humanos, al igual que respecto a los condenados por narcotráfico? Todos esos aspectos requieren la mayor coincidencia posible, en el marco de un Pacto para la Paz.

¿Quiénes deberían participar?
En un pacto para la paz de esas características deben participar todos los sectores sociales y políticos. Nadie debe quedar excluido. Desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha. Es definitivo que el presidente Santos y el senador Álvaro Uribe se pongan de acuerdo con base en los mínimos fijados por la Corte Constitucional.

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