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José David Castilla martes, 30 de abril de 2019

Recusaciones e impedimentos fueron el punto central de esta discusión en la Plenaria del Senado

El debate por las objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP inició con reuniones por parte de los partidos de Gobierno y de oposición. Las dos fuerzas políticas más fuertes en el Congreso se reunieron para definir las estrategias que tendrían para asumir la situación jurídica de esta norma.

La discusión sobre la ley inició con un debate sobre los impedimentos de los senadores que participaron por la discusión de la Ley Estatutaria. Esto se generó debido a que no hubo claridad a la hora de realizar las primeras solicitudes de impedimentos sobre la posibilidad de votar.

LOS CONTRASTES

  • Iván Cepeda Senador Polo Democrático

    “Esperamos que no tengamos más dilaciones en los temas relacionados con la JEP y su procedimiento, debido a que esto es perjudicial para el desarrollo de las investigaciones del tribunal de transición”.

  • Maria del Rosario Guerra Senadora del Centro Democrático

    “Lo que buscamos es que en el proceso de paz no tengamos colados en las filas de las Farc. Por eso estamos uniendo esfuerzos para realizar una serie de correcciones dentro del proceso de paz”.

La polémica se desató cuando Paola Holguín y María del Rosario Guerra (ambas senadoras del Centro Democrático) solicitaron que les retiraran el impedimento que pesaba sobre ellas desde la legislatura pasada. Al finalizar la solicitud de revocatoria, las dos senadoras quedaron habilitadas para sostener la discusión.

Al cierre de esta edición se habían votado 13 impedimentos sobre senados que estaban relacionados con hechos relacionados con el conflicto armado.

El debate se puso aún más complejo con la solicitud de recusación que radicó el presidente del Senado, Ernesto Macías, contra el senador del Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda.

La razón de esta recusación es que la esposa del senador es contratista de la Jurisdicción Especial para la Paz. Sin embargo, la oposición argumentó que con ese debate no hay relación directa entre el debate y el cargo de la esposa de Cepeda.

De inmediato, los congresistas de los partidos opositores cuestionaron la actitud del senador Macías y calificaron el recurso como una estrategia dilatoria para correr la fecha de la discusión sobre las objeciones de la estatutaria.

Esta acción de la presidencia del Senado abrió otra polémica, debido a que los legisladores aseguraron que esta medida está retrasando los debates sobre el Plan Nacional de Desarrollo y pueden llegar a tumbar la propia agenda del Gobierno.

Después de este debate el futuro jurídico de las objeciones se complica aún más. Según la Ley 5, que regula el procedimiento en el Congreso de la República, el presidente tiene hasta 20 días para sancionar la norma estatutaria, sobre la cual recaen las objeciones.

Sin embargo, la misma norma también contempla que cuando las dos cámaras (Senado y Cámara de Representantes) no se ponen de acuerdo sobre una deliberación, esta será archivada. En el caso de la Ley Estatutaria, cualquier cambio que se haga sobre el texto normativo será discutido en los tribunales de la Corte Constitucional.

El máximo órgano garante de la constitución aseguró en una decisión previa que solo se pronunciará sobre el tema de las objeciones hasta que este texto normativo surta su trámite en el Congreso de la República.

Cabe recordar que las objeciones presidenciales a la Ley Estatutaria se relacionan con seis puntos trascendentales, presuntamente inconvenientes, sobre los procesos de narcotráfico y la suspensión de beneficios por delitos relacionados con esta conducta; el presidente Duque aseguró que esta disposición ponía en tela de juicio una gran cantidad de procesos con la justicia estadounidense.

Otro de los puntos que también fueron objetados por inconveniencia es el que se relaciona con la entidad encargada de verificar los listados que entregaron las Farc en los procesos de desmovilización. Según estipuló la norma debatida, la entidad encargada de verificar estas listas es la JEP, sin embargo, las objeciones piden darle competencia al Alto Comisionado para la Paz.

Los juristas que han estudiado el tema aseguran este debate por la estatutaria puede llegar a frenar una serie de procedimientos al interior de la entidad, pero esto no será motivo para que la institución deje de trabajar por esclarecer las peripecias del conflicto armado, junto a los siete macrocasos que ha adelantado la entidad.

Ante este tribunal de paz, es pertinente aclarar que más de 11.000 personas han decidido comparecer a la justicia.

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