Colprensa
jueves, 30 de noviembre de 2023
De acuerdo con el número de hectáreas sembradas, un ciudadano puede pagar una condena de entre ocho y 18 años de cárcel
El Gobierno de Gustavo Petro ya presentó el primer borrador del proyecto para regular la autorización y licencias para la posesión, cultivo y uso de sembrados de coca, amapola y cannabis para fines médicos, científicos e industriales.
De hecho, según la ley colombiana de acuerdo con el número de hectáreas sembradas, un ciudadano puede pagar una condena de entre ocho y 18 años de cárcel.
#MinJusticiaEnMedios 🗞️ | El #GobiernoDelCambio tiene listo el marco que regula la posesión, cultivo y uso de semillas de amapola, coca y cannabis con fines médicos, científicos e industriales.
Todos los detalles 🔗➡️https://t.co/24psUoiMPm
Vía @elespectador.— MinJusticia Colombia (@MinjusticiaCo) November 30, 2023
Este proyecto de ley fue presentado por el ministro de Justicia, Néstor Iván Osuna, pero también tendrá influencia de otras carteras como la de Salud y Agricultura. Esto con el fin de incentivar nuevas aplicaciones en las hojas de estas tres plantas, como "los fertilizantes, plásticos o pinturas a partir de la hoja de coca”, manifestó el jefe de cartera de Justicia.
En el borrador del proyecto se lee "las investigaciones y proyectos que se presenten deberán contemplar el asocio con organizaciones campesinas y comunidades étnicas ubicadas en territorios con incidencia del conflicto armado y el narcotráfico, propendiendo que las comunidades participen en todo el proyecto o la cadena de valor, según aplique, además de promover la asistencia técnica requerida para ese propósito”.
Y Osuna ratificó que lo que busca esencialmente el decreto es contribuir a los procesos de reconversión económica y desarrollo rural, bajo un enfoque de justicia social.
Los interesados deben obtener la licencia para el cultivo de plantas como la amapola y la coca, también deben tener una autorización para el uso de plantaciones y el permiso para poseer las semillas, además deberán contar con la participación de una entidad pública y organizaciones campesinas o comunidades étnicas.
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