sábado, 14 de enero de 2017

Hoy, el legado de Gilma cobra vigencia ante las desafortunadas noticias que la prensa ha venido cubriendo en diferentes puntos del país. Nos encontramos ante una nueva maratón de recolección de firmas para cumplir con el requisito necesario para presentar el Proyecto de Acto Legislativo de origen popular con el que sea suprimida la prohibición a la prisión perpetua del artículo 34 de la Constitución Política en caso de abuso a menores. 

Pero el bienintencionado proyecto desconoce que Colombia también tiene compromisos internacionales para mantener la dignidad humana, y establecer límites a las penas privativas de la libertad; también desconoce que en caso de delitos de homicidio o lesiones personales bajo modalidad dolosa, delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales o secuestro, cometidos contra niños, niñas y adolescentes el Código de Infancia y Adolescencia eliminó cualquier tipo de beneficio que se tradujera en una reducción de la pena: aplicación del principio de oportunidad, detención domiciliaria, sustitución y/o rebajas de penas, etc. 

En Colombia, ante delitos atroces cuyas víctimas sean menores de edad, la sanción podrá ser la máxima para cada delito sin derecho a ningún tipo de beneficio o reducción de pena, que para efectos prácticos se traduce en más de la mitad de la vida probable de un colombiano en la cárcel.

El populismo punitivo no entiende estas razones ni lo poco práctico y eficaz de este tipo de medidas. Las buenas intenciones sólo se quedan en eso: Buenas intenciones. 

La impunidad en este tipo de delitos va más allá de la responsabilidad que puede atribuírsele a la actividad del Estado. Son más los casos no denunciados por vínculos con el abusador o porque los niños no cuentan lo que les pasó o al contarlo los adultos no les creen por esa misma cercanía y relación con el abusador que las investigaciones archivadas, los vencimientos de términos o las sentencias absolutorias. Endurecer las penas puede generar el efecto contrario: una baja en las denuncias. El espejismo de la reducción en la criminalidad se explicará con el silencio de las víctimas ante la posibilidad de que el agresor, que es miembro de la familia o muy cercano a ésta, no vaya a la cárcel hasta el fin de sus días. En las fundaciones y asociaciones en donde hace tratamiento a niños abusados se escucha mucho: “cómo lo iba a denunciar si es (…) además prometió que no lo iba a volver a hacer”. 

El legado de Gilma Jiménez es eso: inocente, ingenuo, bienintencionado pero ineficaz, populista y mediático. 

¿Por qué no implementar políticas educativas que den a los niños y niñas herramientas para prevenir y defenderse de agresiones? ¿No sería mejor prevenir que castigar? Debemos enseñar a los niños a no guardar secretos que los hagan sentirse incómodos y lo más importante creer en ellos. 

Claro, para eso debemos dejar de tenerle miedo a reconocer la existencia del cuerpo, a llamar a todas sus partes por su nombre y a hablarles a los niños de ellas para enseñarles que es inapropiado, identificar señales de alerta y cómo reaccionar a tiempo.