El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, presentó ante la Corte Constitucional un concepto en el que indica que el acto legislativo 01 de 2012, conocido como Marco Jurídico para la Paz, implica impunidad.
Advirtió que la implementación de la norma podría dar lugar a la activación de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, “en tanto que sin duda supone una vulneración de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de aquellos delitos reconocidos en tratados internacionales de derechos humanos y protegidos por la Corte Interamericana de Derechos humanos de la ONU”, concluyó el Procurador General de la Nación.
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Según el experto, lo que impide que estas soluciones sean implementadas en su totalidad es una escasez de capital humano, a lo que se suma que hay poco presupuesto