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Felipe Alberto Velásquez lunes, 8 de abril de 2013

Cada vez más la tarea de protección al medio ambiente está recayendo en los juzgados y tribunales. Si bien la determinación de perjuicios por daños al medio ambiente, la tasación de indemnizaciones y la declaración de responsabilidad penal efectivamente corresponde a los jueces, ahora las cosas van más allá: éstos han asumido un papel activo en una labor que, por su naturaleza, debería corresponder funcionalmente a las entidades administrativas, dependientes orgánicamente del poder ejecutivo. Pero son los jueces y tribunales los que están ordenando medidas de prevención, estudios de factibilidad, compromisos de reforestación, limitación a las agentes contaminantes, protección a las fuentes de agua y su nacimiento, etc.

Lo paradójico de este fenómeno en el caso colombiano es que en el organigrama del Estado abundan las entidades administrativas encargadas de la protección al ecosistema: secretarías de Ambiente, Áreas metropolitanas, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y, por supuesto, las Corporaciones Autónomas Regionales.

Según se concluyó en el Foro “Medio Ambiente y los Desafíos de la Construcción Colectiva”, organizado en Bogotá por el Consejo de Estado como preparación al Seminario Internacional que se desarrollará en Cartagena esta  semana, hay muchas entidades y competencias tan diversas, que al final muy pocos tienen claro qué debe hacer cada una de ellas en materia ambiental. El propio ministro de Ambiente, Juan Gabriel Uribe, pidió “articular y hacer más clara la amplia normatividad que tiene el país en materia de defensa de los recursos naturales”.

Y remató diciendo que “hay que hacer un ejercicio más afinado en cuanto al conocimiento y en cuanto a la articulación jurídica que tiene que ver con el medioambiente. Hay leyes por aquí y por allá, cada cual trata de sacar una ley nueva y en general, no existe un foco jurídico claro como mecanismo de protección”. El Jefe de la Oficina Jurídica del Ministerio de Ambiente, Santiago Martínez, se lamentó de lo difícil que es concertar políticas y soluciones al interior del mismo Estado. “Si es difícil que entidades del Gobierno central hablen entre sí, imagínense cómo es lograr una concertación sobre temas de gran calado ambiental cuando fuera de eso hay que ponerse de acuerdo con departamentos, municipios, corporaciones autónomas regionales y con las organizaciones cívicas o las minorías étnicas cuando las hay”.

Por eso, el Consejero de Estado Marco Antonio Velilla, organizador y coordinador del Foro, remarcó que tan importante como la existencia de normas jurídicas claras, es la estructura organizacional y la fijación de funciones. Él mismo tiene en su despacho un expediente relativo al río Bogotá, en el que el Consejo de Estado deberá determinar qué competencias corresponden a cada uno de los entes territoriales que tienen que ver con el río, y las obligaciones que les corresponden.

En el tema del río Bogotá, a propósito, la directora de la Agencia Nacional de Defensa Judicial del Estado, Adriana Guillén, hizo referencia a un dato que sorprendió a buena parte del auditorio: es tal la contaminación del Distrito Capital, que el factor más contaminante del río es las aguas lluvias que arrastran toda la carga tóxica recogida al “peinar” el aire bogotano.

Esta semana se darán cita magistrados de altas cortes de más de 20 países, para discutir precisamente este tema, el juez y el medio ambiente. El propósito principal, según el Consejo de Estado, será promover el intercambio de ideas y experiencias en torno al papel del juez administrativo en la protección del derecho que poseen todas las personas a gozar de un ambiente sano, y la exposición de casos de gestión ambiental en los diferentes sistemas jurídicos del mundo.

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