jueves, 17 de enero de 2019
Fiscalía busca suspender títulos fraudulentos sobre terrenos del Humedal
La serie de humedales en Bogotá es uno de los tópicos urbanísticos más complicados para concretar una evolución medioambiental sostenible para la capital del país. El principal problema que existe se centra en las determinaciones sobre el uso del suelo en ciertas partes de la ciudad.
En un conflicto jurídico que inició hace cuatro años, el Distrito está batallando para recuperar los terrenos del humedal Jaboque. Debido a una demanda interpuesta contra la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, en este momento la ciudad debe pagar más de $65.000 millones por no comprar unos terrenos que, según los registros históricos, le pertenecen a Bogotá desde hace 50 años.
La demanda fue instaurada por el empresario Jorge Enrique Cortés Rojas ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En esta corporación judicial presentó una acción de reparación directa, solicitando el pago por perjuicios materiales de $65.000 millones.
LOS CONTRASTES
David Murillo Investigador líder D. Constitucional U. Libre
“Si logran demostrar que hubo fraude procesal y que los predios demandados pertenecían a un bien público, es obvio que ningún momento procede la repración directa, debido a que no existe fundamento”.
Guillermo Cáez Socio de Cáez Muñoz Mejía Abogados
“Demostrando la falsedad en un proceso penal, la sentencia del Tribunal carecería de efectos y debe revertirse el fallo, constituyéndose como una prueba fehaciente encaminada a la nulidad de la sanción”.
La demanda se sustentó en una orden que impartió el Consejo de Estado en 2001, donde condenó a Bogotá, obligándolo comprar los terrenos aledaños a las zonas de humedales que hay en la capital.
Cortes Rojas argumentó que era propietario de una finca llamada La Providencia, la cual tiene más de un millón de metros cuadrados. Para ello, presentó en juicio documentos donde se demuestra que compró el predio en 2001 por $60 millones.
El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (Dadep) presentó una demanda contra las escrituras y afirmó que estás eran nulas, debido a que titularon un bien del patrimonio público.
David Murillo, jefe investigador de derecho constitucional de la Universidad Libre, aseguró que “acá la discusión es la naturaleza del bien, si es público no será susceptible a ser traslaticio de dominio, por lo tanto no operarían fenómenos como la prescripción”.
El abogado Guillermo Cáez, socio de Cáez Muñoz Mejía Abogados, compartió la postura y afirmó que “si se prueba que hubo fraude en la titulación del predio será una causal para revertir el fallo del Tribunal”.
Según pruebas que recolectó el Dadep, Cortes Rojas habría incurrido en fraude procesal y falsedad en documento público. Por estos motivos, denunció al empresario ante la Fiscalía, la cual inició un proceso de suspensión de registros obtenidos fraudulentamente ante el juez 21 de control de garantías.
Ayer se llevó a cabo la primera audiencia, donde la Fiscalía presentó los medios probatorios que demostrarían la falsedad de la titulación.
Si Cortes Rojas es condenado, el Consejo de Estado podría revertir la decisión inicial, cancelando la condena, donde la ciudad se ahorraría más de $65.000 millones.
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