• Laura Vita Mesa lvita@larepublica.com.co

miércoles, 29 de junio de 2022

Tras lo que ha sido denominado como un "asalto" a la compañía, accionistas minoritarios evalúan medidas jurídicas con abogados

Salidas de miembros del consejo directivo, acciones judiciales de minoritarios y un presunto acuerdo “por debajo de la mesa” entre tres accionistas son algunos de los elementos que tienen hoy a Indra en el ojo del huracán y al borde una posible Oferta de Pública de Adquisición (OPA) forzada.

Uno de los protagonistas es Joseph Oughourlian, fundador de Amber Capital, que recientemente cerró una participación de 4,18% en la compañía, cuyo mayor accionista individual es Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), una entidad pública del gobierno español. El tercer jugador es la empresa de defensa vasca Sapa, de la familia Aperribay, que tiene 7% de la participación accionaria.

Parte de los movimientos que derivaron en esa composición de la empresa se dieron en los últimos seis meses; lo que la prensa económica española ha denominado como un “asalto” se dio la semana pasada, cuando la junta general de accionistas destituyó a cinco de los consejeros independientes, acogiendo una propuesta de Oughourlian.

“La iniciativa fue apoyada por el holding estatal Sepi, la empresa vasca de defensa Sapa y Amber -los tres mayores accionistas de Indra con algo más de 37% del capital de forma conjunta- y dio el control del consejo al Gobierno, ya que salieron del órgano aquellos vocales que eran contrarios a la estrategia del Ejecutivo para la compañía, uno de los puntales en el sector español de la Defensa”, reportó el diario Expansión.

La movida de inmediato generó alertas sobre el gobierno corporativo, uno de los pilares de las sociedades que cotizan en bolsa, y eso se trasladó al mercado, donde el título, después de haber perdido hasta 20%, cerró con una baja de 14,76%, registrando su peor jornada en lo que va del siglo XXI.

Las salidas de los independientes, además, prendieron las alarmas de los reguladores, pues hay voces que apuntan a una acción concertada entre la Sepi, Sapa y Amber Capital para forzar cambios en la empresa. La Comisión Nacional del Mercado de Valores evalúa si los hechos encajan en la definición de acción concertada y, si encontrara que sí, podría obligar una OPA sobre Indra.

En la legislación española, “se entenderá que existe un concierto entre accionistas cuando dos o más personas colaboren en virtud de un acuerdo, ya sea expreso o tácito, verbal o escrito, con el fin de obtener el control de la compañía afectada”. Cuando su participación conjunta supera 30%, o logra una mayoría en el consejo, el accionista mayoritario del concierto tendrá que lanzar una OPA sobre 100% de los títulos.

En otras palabras, si la Comisión Nacional del Mercado de Valores encontrara que efectivamente hubo una acción concertada, podría obligar a Sepi a presentar una oferta por la totalidad de las acciones.

Mientras la autoridad evalúa el caso, que ha sido definido por el presidente de la Comisión, Rodrigo Buenaventura, como “llamativo y preocupante”, un grupo de minoritarios contrató a la firma Cremades & Calvo-Sotelo para presentar acciones judiciales en defensa de sus intereses. El despacho evalúa medidas administrativas, mercantiles e incluso penales, con el fin de reclamar los daños patrimoniales ocasionados a los accionistas minoritarios por cuenta de esta trama.