• Alejandra Rico Muñoz

viernes, 24 de febrero de 2023

Juan Guillermo Ruiz de Posse Herrera Ruíz dijo que la falta de continuidad en las reformas perjudica la estabilidad en la inversión

Juan Guillermo Ruiz, socio del área tributaria de la firma de abogados Posse Herrera Ruiz, habló sobre la lluvia de reformas que se adelantan desde el Gobierno Nacional y el problema que se genera en la confianza de los inversionistas extranjeros y locales.

El Gobierno tiene planeadas reformas a la salud, laboral, pensional, a la justicia, entre otras ¿Cuáles son las consecuencias de tener tantas reformas?

Los cambios constantes en la regulación generan incertidumbre para los inversionistas. Es uno de los primeros temas de fondo cuando uno analiza proyectos de inversión desde la perspectiva tributaria y, en general, cuando se analizan los modelos de inversión, una de las preguntas más frecuentes de los inversionistas es ¿qué tan estable es este modelo o este cálculo en el tiempo de acuerdo con esta referencia?

Por lo tanto, ¿no estaría garantizada una estabilidad?

No estaría realmente garantizada la estabilidad de un proyecto, sino en la medida en la cual se cumplan todas las condiciones para gozar de un determinado beneficio en un momento determinado.

¿Podría mencionar los problemas de tantas reformas?

El primer problema de esta lluvia de reformas es la incertidumbre, que no es buena para el país. El segundo problema, uno un poco más de fondo, es si las reformas progresivas mejoran la competitividad de Colombia o la reducen. Porque, si haces cambios para mejorar y son frecuentes, se generaría una inestabilidad positiva, ya que es un cambio para mejorar las reglas del juego.

Sin embargo, lo que nos ha pasado es que los cambios son exactamente en la vía distinta. Entonces, es una combinación de cambios frecuentes para establecer mayor nivel de tributación efectiva de los inversionistas y esos son muy inconvenientes y hacen mucho daño.

Lo mismo pasa con las reformas tributarias, se han hecho 13 en menos de 20 años, ¿qué preocupaciones genera en los inversionistas?

Por ejemplo, no tienen la seguridad de que la tasa de tributación va a ser esta, que no se van a generar sobretasas tributarias, que no se va a eliminar un beneficio o que no se va a eliminar un beneficio que está en el modelo o que pueda surgir una carga que no está prevista. Siempre la respuesta es esa: en Colombia cada dos años hay una reforma tributaria.

¿Cuál es el resultado?

El resultado es que la fiabilidad de Colombia en cuanto a sus políticas tributarias de mediano y largo plazo son bastante limitadas.

En su experiencia en el área tributaria, ¿cómo puede arreglarse esto?

Las reformas tributarias son inevitables, a veces necesitas hacer ajustes, nuevas visiones de política pública sectorial, etc. Lo que creo que no es conveniente es que cada dos años volvamos a pensar el régimen tributario y entonces hagamos cambios sustanciales que de alguna manera le carguen las condiciones de inversión a todos o a muchísimos empresarios.

¿Cuál ha sido el común denominador de las reformas?

Tenemos una visión marcadamente inclinada en el recaudo fiscal. El elemento central en las discusiones de las reformas tributarias, en los últimos 20 años, es cuántos billones necesita el presupuesto de recaudo.

Esta siempre es la discusión, pero no se habla de cómo establecer una adecuada distribución de la carga tributaria en el sistema.

Siempre es: nos faltan $20 billones o $25 billones y entonces la idea es de dónde se pueden obtener esos $25 billones y sin medir previamente la equidad en la distribución de la carga tributaria.

Como siempre, es más fácil obtener la carga tributaria de los contribuyentes formales y de los inversionistas. Siempre se sigue avanzando en una recarga tributaria.

¿Qué se entiende por sobrecarga tributaria?

Internacionalmente se entiende que hay una sobrecarga tributaria cuando más de 50% de la utilidad financiera de una empresa se destina al pago de tributos. Lo que está pasando actualmente en varios sectores es que las empresas trabajan la mitad del año para entregar las utilidades al Estado.