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Legislación

Procuraduría investiga irregularidades en proceso administrativo de MinCiencias

Se investiga la rapidez en la certificación de un centro de innovación y riesgos administrativos para proteger los recursos públicos.

03 de febrero de 2026

Isabella Rodríguez Ángel


Minciencias
RCN
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La Procuraduría General de la Nación realizó una visita de inspección a la sede del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación con el objetivo de verificar el desarrollo de una convocatoria destinada a proyectos de ciencia e inteligencia artificial.

Esta acción se ejecutó tras considerar que las respuestas previas entregadas por la cartera ministerial ante los requerimientos del ente de control no fueron suficientes para aclarar el proceso.

Durante la diligencia, los funcionarios de las delegaciones para la Vigilancia de la Función Pública y de Regalías recolectaron información técnica sobre la estructuración del proceso administrativo.

Los hallazgos preliminares señalan la existencia de posibles fallas en las etapas de diseño y evaluación de las propuestas presentadas por los aspirantes a los recursos públicos.

Un punto central de la investigación administrativa se enfoca en el reconocimiento de una empresa como centro de innovación en un periodo de 14 días. La Procuraduría analiza la legalidad de este trámite, dado que dicho reconocimiento era un requisito indispensable para que la organización pudiera participar en la distribución de los fondos estatales.

El procedimiento preventivo tiene como finalidad supervisar la gestión de $630.000 millones pertenecientes al presupuesto nacional. El Ministerio Público busca determinar si el flujo del proceso administrativo cumple con la normativa vigente o si existen vacíos que pongan en peligro la integridad de los recursos destinados al sector científico.

Tras finalizar la recopilación de datos en las oficinas del Ministerio, el equipo técnico de la Procuraduría procederá a evaluar la documentación obtenida.

Los resultados de este análisis definirán las acciones legales o disciplinarias que el organismo de control deba emprender en el marco de sus funciones de vigilancia y protección del patrimonio público.

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