Foto por: José Alejandro Suárez / LR

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Alejandro Valencia lunes, 19 de noviembre de 2018

José Vicente Zapata, socio de Holland & Knight, explicó el delito de la corrupción privada en la sociedad colombiana

El abogado José Vicente Zapata, socio de Holland & Knight, ha sido galardonado en múltiples ocasiones por publicaciones de alto nivel como The Legal 500, Iflr1000 o Chambers Global. En esta oportunidad, Zapata habló con AL sobre sus áreas de práctica, las expectativas de crecimiento y un fenómeno creciente que afecta a Colombia: la corrupción privada.

¿En qué áreas de práctica se desenvuelve usted?
En mi caso trabajo mucho en el tema de energía y recursos naturales. En eso se trabaja el compliance, el cumplimiento normativo, aspectos regulatorios y contractuales, licencias, autorizaciones y anticorrupción.

¿Cómo ve el mercado de servicios legales actualmente?
Los clientes están buscando mayor conocimiento. Tradicionalmente, la forma de trabajar en Latinoamérica era con abogados generalistas. A medida que los temas se han vuelto más especializados, lo que estamos viendo es que el cliente busca un abogado que sepa de petróleo, que entienda de compliance, que trabaje anticorrupción.

¿Cómo conceptualizar este aspecto de la corrupción?
Lo primero es entender que jurídicamente corrupción privada es distinta a la pública. Así, la corrupción privada es cuando una empresa que quiere contratar con otra le pide algo a cambio para hacerlo. Sin embargo, lo que ocurre en el escenario público, termina siendo lo mismo pero con un trabajador relacionado con el Estado.

¿Cuál es la normatividad que tipifica este delito?
Colombia es parte de tratados internacionales que atacan la corrupción con enfoques en normas transnacionales. Localmente, la Supersociedades es la que más ha sacado regulación: códigos de conducta y buen gobierno; principios que define la normatividad vigente para contar con nuevos mecanismos.

¿Cómo está la penalización?
Todavía hay mucho por hacer en el tema de responsabilizar a funcionarios y empresas. Ese paquete normativo gravita alrededor del tema de anticorrupción, pero todavía hay mucho espacio para normas que sean más estrictas.

¿Es efectivo el Estado?
La ciudadanía está buscando que si denuncia, rápidamente vea resultados de penalización. Si eso se dilata en el tiempo genera una doble situación: el que ha cometido la falta no le importa porque sabe que se va a demorar años el proceso, mientras que el ciudadano evidencia que las normas no funcionan. El problema es la falta de ética en la gestión privada y la gestión pública.

¿Qué está haciendo la firma para combatir este fenómeno?
Trabajamos en capacitaciones para crear una cultura organizacional anticorrupción. Lo segundo es generar normas internas; una cosa son leyes, decretos, etc., otra son las normas de conducta empresarial interna de las organizaciones.

Antecedentes

Hace pocos días se desarrolló en Cartagena el foro Compliance II. Allí el contralor, Carlos Felipe Córdoba, afirmó que la corrupción le cuesta a Colombia $1.000 millones a diario. A su vez, el director de ProBogotá, Juan Carlos Pinzón, aseguró que el papel de las empresas privadas es determinante en la corrupción de contratos. Al respecto, el abogado José Zapata explicó que, en lugar de enfocarse en cuánto pierde el país por este flagelo, debería centrarse en cuánto se está logrando recuperar.

LOS CONTRASTES

  • JAIME MUÑOZ REYESDIRECTOR REGIONAL DE COMPLIENCE PARA BAVARIA

    “Estamos gastando tiempo: no en desplegar nuestras políticas, sino en utilizar sumas considerables de dinero en herramientas y plataformas para encontrar hallazgos de conductas inapropiadas insuficientes”.

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