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José González Bell - jgonzalez@larepublica.com.co lunes, 18 de noviembre de 2019

El socio de Posee Herrera Ruiz dijo que se debe trabajar más en la cultura empresarial.

La actual coyuntura de la región y del país genera varios tipos de interrogantes, sobre todo, en el aspecto de llegada de inversión extranjera, teniendo en cuenta la caída de la Ley de Financiamiento y el agite social que por estos días impera.
En entrevista con AL, José Alejandro Torres, socio de Posse Herrera Ruiz, habló sobre la corrupción dentro de las empresas, las consecuencias de la caída de la reforma tributaria y los retos que tiene el país para atraer inversión.

¿Cuáles son los retos que tiene Colombia como destino de inversión?
Hay varios retos para que Colombia siga siendo considerada como destino de inversión. El primero, es mantener su reputación de jurisdicción con una tradición de estabilidad política y crecimiento económico. Para lo cual hay que adoptar medidas para mitigar la percepción (y a veces realidad) de la inestabilidad jurídica, especialmente en materia tributaria y judicial. En este último aspecto, y a manera de ejemplo, los evidentes excesos en la utilización de mecanismos como la acción de tutela erosionan la predictibilidad de los precedentes judiciales.
En la actualidad, existe el reto de saber leer de manera adecuada los movimientos sociales que se están dando regionalmente. Se debe saber reaccionar, y al tiempo fortalecer la institucionalidad, para que estos movimientos se puedan canalizar de manera efectiva y de manera pacífica a través de los cauces institucionales y dentro de un marco de respeto a la ley.

¿Qué efectos puede tener la caída de la Ley de Financiamiento en la llegada de inversión?
Los efectos son difíciles de discernir, en parte por la señal contradictoria que se envía al mercado. Por un lado, la decisión de la Corte es una muestra de la independencia de la rama judicial en sus más altos niveles, donde se defiende el cumplimiento, a raja tabla, de la constitución y la ley. Aquí se acuña un mensaje de estabilidad y respeto por las formas y el fondo que impone el estado de derecho, lo que atrae inversión.
Pero, por otro lado, la caída de la Ley de Financiamiento es munición para aquellos que critican (en muchos casos con razón) la inestabilidad jurídica del sistema legal colombiano; es un tema que se percibe con mayor agudeza en las leyes tributarias. Aquí la señal es ciertamente de incertidumbre, que desincentiva a los inversionistas, nacionales y extranjeros.

¿Espera un aumento en la estructuración, financiación y construcción de proyectos de energía renovables en el país?
Sin lugar a dudas. En los años que vienen veremos mucha más actividad en este sector. Vale la pena resaltar que la reciente subasta promovida por el Gobierno ha demostrado con claridad que los renovables son competitivos. En nuestra firma estamos estructurando y confiamos en poder financiar varios proyectos de energía renovables el próximo año. Hay algunos retos aún, especialmente en lo que tiene que ver con expansión de redes y acceso a puntos de conexión, pero sabemos que el gobierno está trabajando activamente en resolver estos cuellos de botella.

¿Qué significaría para el país tener una ley que introduce la responsabilidad penal de la persona jurídica?
Si bien la figura ha tenido reticencias y contradictores en varios lugares del mundo, en especial por las discusiones científico-jurídicas que suscita, lo cierto es que la mayoría de países desarrollados han avanzado hacia esa dirección. Es un esfuerzo legítimo por perseguir las conductas de cuello blanco y disuadir a la sociedad en general en relación con la criminalidad económica y organizada, que tanto daño hace a la economía y a bienes jurídicos socialmente valiosos. Más allá de ello, la introducción de la responsabilidad penal de la persona jurídica en Colombia significaría, sin duda, una verdadera revolución para el derecho penal y su práctica. Vale la pena señalar que actualmente ya hay instrumentos que permiten actuar contra personas jurídicas.

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