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Natalia Arteaga - narteaga@larepublica.com.co lunes, 20 de octubre de 2014

En 2013, el consumo de alucinógenos aumentó considerablemente en comparación con las cifras reportadas en 1992. Los consumidores de marihuana pasaron de 4% en la década de los 90 a 11,48% el año pasado. Los adictos a la cocaína, representaban 1,86% y hace 12 meses las estadísticas del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de Los Andes reportaba un crecimiento a 3,23%.

Para encontrarle una solución a la problemática que se ha disparado y que de acuerdo con el viceministro de Justicia, Miguel Samper, conlleva a los adictos a cometer delitos menores como el daño a la propiedad privada, la cartera está proponiendo la creación de un Tribunal de Tratamiento.

La propuesta se socializó bajo el marco del encuentro entre 22 naciones del hemisferio en Cartagena que se reunieron para compartir experiencias y encontrar alternativas a la dificultad que es pan de cada día en el mundo entero. El evento arrancó ayer y concluirá hoy.

Según Samper, de los 120.623 personas privadas de la libertad dentro de 138 centros penitenciarios que hay en Colombia, 24.000 han sido detenidos por delitos relacionados con drogas y narcotráfico. “Entre las posibilidades que se han evaluado está la creación de Tribunales de Tratamiento para personas con consumos problemáticos de drogas que son los que regularmente cometen delitos menores como daño a la propiedad privada, por el efecto de alucinógeno”, aseguró el viceministro.

¿Cómo funcionaría? Dice Samper que en estos Tribunales se le daría la opción a la persona juzgada de, en vez de ir a la cárcel, asistir a tratamientos para que puedan salir del consumo problemático. “Aquí no se trata de tener mano dura o blanda, sino de sumar esfuerzos para que la justicia pueda desvertebrar el comportamiento delictivo. Está comprobado que los consumidores están siendo inducidos por las grandes organizaciones para que empiecen a distribuir”.

Según Daniel Mejía, director del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes, en territorio nacional hay 300.000 personas con necesidad de tratamiento por consumo agravado y el Estado solo tiene capacidad para atender a uno de cada 1.000 pacientes. En un evento reciente que trató el problema de drogas, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, aseguró que “en Colombia se ha confundido el consumo con el fenómeno criminal, cosa que es un error, porque por lo general, estas personas reciben condenas y terminan en cárceles, sin necesidad de estarlo, lo que también se traduce en congestión y hacinamiento”. Frente al último punto mencionado por el Mandatario y que es una dificultad bien conocida en el país, se ha identificado, por cifras oficiales del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), alcanza una elevada cifra de 53%.

El consumo y la distribución
En la ultima década entre 65% y 70% de la cocaína consumida en el mundo fue producida en Colombia. De 100% de la producción, 60% se va hacía el mercado norteamericano y 40% a Europa.

“Un kilo de pasta de cocaína puede costar en los lugares mencionados entre US$800 y US$1.000”, explica Mejía. El precio y la rentabilidad del negocio, sin duda, se queda entre los ‘capos’, porque el campesino promedio que sostiene cultivos ilícitos, recibe menos del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (Smmlv) y según los estudios, le entrarían $400.000 cada 30 días.

Las penas
La distribución, el cultivo y la producción, hacen parte de los comportamiento delictivos que son condenados en el país, explica Francisco Bernate, abogado penalista de la Universidad del Rosario. El experto también asegura que la pena mínima para un delito de bajo rango es de cerca de cinco años.

Las opiniones

Miguel Samper
Viceministro de Justicia

“Entre las posibilidades que se han evaluado para afrontar esta situación, está la creación de Tribunales de Tratamiento para personas con consumos problemáticos de drogas que son los que regularmente, cometen delitos bajo los efectos del alucinógeno”.

Francisco Bernate
Abogado penalista de la Universidad del Rosario

“En Colombia cometer un delito relacionado con drogas es más grave que, por ejemplo, el aborto, que es condenado máximo con cuatro años de prisión. En el artículo 376 del Código Penal, se encuentran tipificadas las conductas condenables”.

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