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María Camila Reina - mreina@larepublica.com.co martes, 6 de mayo de 2014

Un nuevo escándalo de interceptaciones telefónicas se destapó ayer. En el norte de Bogotá, miembros del CTI de la Fiscalía encontraron una oficina donde presuntamente se espiaba al presidente de la República, Juan Manuel Santos, y a los miembros de la comisión negociadora de paz en La Habana, Cuba.

El hecho se tornó más gris cuando la campaña del candidato a la Presidencia, Óscar Iván Zuluaga aceptó que había tenido relaciones con la compañía investigada. Sin embargo, desde la candidatura se sostuvo que “cualquier actividad ilegal que se haya desarrollado en tal inmueble, en caso de existir, la reprobamos, esperamos resultados rápidos de las investigaciones y la máxima condena a los responsables”.

El Centro Democrático a través del comunicado señaló que “no se puede asociar de ningún modo la campaña presidencial con cualquier actividad ilegal”. Y rechazó la supuesta utilización que se pretende hacer en el marco de la campaña con la denuncia de una posible relación de la empresa.

Para el partido del exmandatario Álvaro Uribe, la información suministrada sobre la posible relación entre la compañía informática que fue hallanada y la campaña del candidato obedece a una estrategia para confundir a la opinión pública y desviar su atención de las denuncias que se han dado en los últimos días. Así mismo, aseguró que si alguien ha cometido un delito, la justicia será la encargada de castigarlo.

El candidato habría contratado a la actriz Lina Luna para que prestara los servicios de asesoramiento en temas de mensajes de las propuestas. Sin embargo, según el documento un mes después de haber sido contratada, Luna ofreció el servicio para apoyar la campaña en redes sociales y seguridad informática, que había sido liderado por Luis Carlos Sepúlveda, esposo de la actriz.

Empresa espiaba proceso de paz
El fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, aseguró que desde el lugar donde funcionaba la empresa hallanada el día de ayer, se leían correos electrónicos que enviaba y recibía el presidente de la República, Juan Manuel Santos.

Así mismo, entre la lista de interceptados estaban periodistas encargados de cubrir los diálogos de paz en Cuba, así como los correos de los jefes de prensa de la guerrilla de las Farc y los de una oficina del Gobierno.

Montealegre indicó que “la Fiscalía estableció que esta oficina tenía las bases de datos de los desmovilizados de la guerrilla”, y que las actividades que se realizaban en este lugar no estaban relacionadas con la inteligencia militar, liderados por Andrés Fernando Sepúlveda.

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