En 95 días terminó el paro judicial y dejó un hueco de $100.000 millones

Ayer la justicia tuvo un respiro por cuenta del levantamiento del paro más largo de la Rama Judicial que alcanzó 95 días y dejó perdidas para el sector superiores a $100.000 millones, de acuerdo con cálculos del Consejo Superior de la Judicatura.

Ovidio Claros Polanco, presidente de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de la Alta Corte, anunció en horas de la tarde que la protesta de la justicia había cesado.

“En las horas del medio día tuvimos una reunión con Fredy Machado, hemos conversado sobre la crisis de la justicia y llegamos a un acuerdo para establecer unas mesas para dialogar sobre esto. Estará sentado él e invitaremos al Gobierno Nacional para ver como superar esta crisis”, señaló el magistrado.

Horas antes de la comunicación oficial, Machado había asegurado a LR que levantar el paro o no, dependía de la votación de los participantes, lo que hace suponer que muchos de los protestantes no quisieron seguir adelante, contribuyendo con el caos en el que se encuentra el sector.

Las campanas de buenas nuevas también empezaron a sonar desde la mañana en el Ministerio de Justicia, cuando Yesid Reyes reportó completa normalidad en los despachos judiciales del país en las primeras horas de regreso a labores tras la finalización de la vacancia judicial por parte de la mayoría de empleados del sector.

Sigue el reto del hacinamiento
Desde el levantamiento del paro del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), el pasado sábado, se empezaron a mover de las Unidades de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía General de la Nación a los 3.500 presos que ahí se encuentran.

De acuerdo con datos del órgano judicial, el número de condenados que han sido trasladados desde el fin de semana hasta la fecha va llegando a 300.

La cifra deberá empezar a sumársele a 120.623 reos que habían hasta 2014 en el país, según el Inpec, lo que vuelve y pone en discusión el tema de hacinamiento y trato infrahumano que está afrontando la población carcelaria y sobre la que ha estado llamando la atención insistentemente el defensor del pueblo, Jorge Armando Otálora, quien insistió en que se debe declarar la emergencia social carcelaria.

Otálora ha dicho que esto permitiría que el presidente Juan Manuel Santos, tenga facultades extraordinarias “no solo para las reformas procesales que se consideren convenientes, sino para planes de choque en la contratación, en la ubicación de sitios y en la construcción de nuevos espacios de centros carcelarios”.

Por su lado, Otoniel Camargo, abogado penalista y quien fuera defensor público de la penitenciaría nacional de Combita, señaló que debería estar en discusión es la distinción entre los condenados y los detenidos. “Lo que más ocasiona la congestión es el grupo de personas que están privados de la libertad con procesos judiciales abiertos”.

El experto también advirtió que lo que falta es organización de la justicia penal. La crisis está siendo agravada por las personas que están detenidas y su proceso está en curso.

Para ello, deberían, como en Estados Unidos, ponerle una fianza a los investigados para castigarle el bolsillo sin detenerlos.

En pleito por los salarios
De acuerdo con información entregada a por el Consejo Superior de la Judicatura a Colprensa Claros, está esperando a que miembros de la corporación expliquen a la Fiscalía las razones por las que supuestamente habrían seguido realizando pagos de salarios a quienes no están cumpliendo con sus funciones debido al paro.

“Ellos tienen claro que no pagaron a quienes no trabajaron. Pero igual, el órgano judicial decidió hacer el llamamiento para que expliquen qué pasó”.

Ya está en instancia internacional
A la Organización Internacional del Trabajo (OIT) fue a parar el disgusto de los funcionarios de la justicia local con el gobierno.

El presidente Santos; el fiscal General, Eduardo Montealegre; el ministro de Justicia, Yesid Reyes; y el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas fueron demandados por violación a los derechos laborales dentro del paro. El recurso legal fue radicado en Lima, Perú.

Las opiniones

Otoniel Camargo
Abogado penalista
“Lo que ocasiona la congestión en las cárceles, es el grupo de personas que están privados de la libertad con procesos judiciales abiertos. Deberían considerarse otros elementos de la justicia americana, como darle fianzas y no privación de la libertad a los investigados”.

Ovidio Claros
Presidente de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del CSJ
“Los funcionarios del Consejo Superior de la Judicatura tienen claro que no pagaron ni un solo peso a quienes no trabajaron por el paro. Pero igual, la Fiscalía dentro de su autonomía, decidió hacer el llamamiento para que expliquen qué pasó”