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Colprensa jueves, 15 de mayo de 2014

El funcionario, acusado de prevaricato por acción al dar su aval a licencias de construcción y modificación al proyecto, cuyo desplome provocó la muerte de 12 personas, debe permanecer en su domicilio hasta que se resuelva la apelación interpuesta ante la medida que dictó ayer en su contra en primera instancia la juez 42 Penal Municipal con funciones de Control de Garantías.

"Existen otras unidades que se encuentran bajo el mismo riesgo. No podemos cobrar más vidas si este funcionario continúa expidiendo licencias sin el lleno de los requisitos y frente a la misma constructora", consideró la juez al acceder a la petición de la Fiscalía de dictar la medida de aseguramiento.

En su imputación de cargos, la fiscal Amparo del Socorro Botero enumeró nueve resoluciones que firmó el curador Ruiz Arango en su despacho ubicado en Plaza Mayor entre septiembre de 2007 y julio de 2013, concediendo licencias para las obras en Space o modificando los permisos ya obtenidos para el desarrollo de la urbanización.

"Como curador urbano, conocía que estaba otorgando las licencias ya reseñadas sin que cumplieran con los requisitos mínimos para su expedición", señaló la funcionaria.

"Decisiones no razonables"

La Procuraduría y la defensa del curador Ruiz Arango interpusieron el recurso de apelación ante la decisión de la juez. En segunda instancia el juez de reparto deberá resolver si ratifica o revoca la medida de detención.

El procurador delegado presente en la diligencia, Francisco Calvete Ribero, y el abogado defensor, David Gutiérrez Castaño, coincidieron en que no sería razonable que el curador Ruiz Arango hubiera concedido las licencias a Space con plena conciencia de que el proyecto constructivo no cumplía con las normas de sismorresistencia y representaba un peligro para quienes habitaran el edificio y, aún así, hubiera decidido vivir en la misma unidad residencial con su esposa y su hija.

Otro argumento expuesto en favor del arquitecto Ruiz Arango fue el de que en su trabajo como curador, desde 2007 ha sido evaluado por el Municipio con destacadas calificaciones.

Antecedentes

Con los bienes congelados

El juzgado prohibió desde este martes, inicialmente por seis meses, enajenar bienes a los cinco imputados por el caso. Carlos Ruiz Arango, Eliney Francis Llanos, Jorge Aristizábal Ochoa, Pablo Villegas Mesa y María Posada Grisales, no podrán vender, donar, traspasar o aportar a sociedades los bienes que tengan registrados a su nombre, esto con el fin de que cuenten con estos recursos si les corresponde pagar indemnizaciones a las víctimas.

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