• Alejandra Rico Muñoz

miércoles, 13 de septiembre de 2023

El Vicecontralor en funciones, Carlos Mario Zuluaga, indica que siguen persistiendo problemas en el uso de los recursos públicos

La Contraloría General de la República abrió procesos de responsabilidad fiscal en el último año por el orden de $6 billones, una cifra que, según el Vicecontralor en funciones de Contralor General, Carlos Mario Zuluaga, indica que siguen persistiendo problemas en el uso de los recursos públicos y, por tanto, una consecuencia directa para quienes dan garantías de la buena o correcta ejecución de los mismos.

“En los temas de regalías, en este año de gestión hemos aperturado procesos de responsabilidad fiscal por $254.000 millones. Y hemos cerrado las auditorías del primer semestre con hallazgos fiscales que suman $222.000 millones, de los cuales $100.000 millones corresponden a recursos de Ocad Paz”, añadió Zuluaga al instalar el Foro “La Protección al Patrimonio Público a través del Contrato Fiscal y del Contrato de Seguro”, convocado por el organismo de control en el marco de la conmemoración de los 100 años de la Contraloría General de la República.

“Hemos recaudado este último año $422.000 millones, algunos de esos recursos de aseguradoras. Una cifra que comparada con los recursos recaudados en los cuatro años anteriores ($240.000 millones), significa casi el doble”, destacó igualmente Zuluaga.

Dijo que esos $422.000 millones están hoy en el Tesoro Nacional y pueden ser utilizados por el Gobierno para los proyectos que necesitan financiarse en el actual Plan Nacional de Desarrollo. También subrayó la importancia de que, en su primer año de gestión, la actual administración de la CGR haya logrado reducir la cuantía de los elefantes blancos, obras inconclusas y proyectos críticos en el país, de $15 billones a $14,3 billones, liderando mesas de trabajo que han permitido recuperar obras en criticidad, al ayudar a resolver controversias contractuales y poner al servicio de la ciudadanía estos proyectos.

Demandas contra el Estado

La directora de la Agencia Jurídica del Estado, Martha Lucía Zamora, habló en el inicio del Foro y reveló que actualmente hay 362.600 proceso activos de demandas contra el Estado, con pretensiones por $606 billones.

En cuanto a demandas por controversias contractuales, hay activos 2.050 procesos, con pretensiones por $20 billones. Consideró como una vena rota las demandas que se tramitan por el tema de atención de cesantías y derechos laborales de los maestros.

Vulnerabilidad del sector de Infraestructura

Por su parte, el ministro de Transporte, William Camargo, dijo que cada vez es más evidente la vulnerabilidad que se tiene frente a la provisión de bienes del Estado, no solamente en el sector de infraestructura sino también en otros temas que recientemente han sido objeto de atención, como es el caso del Soat.

“Por la infraestructura que tenemos, por su dispersión y por su extensión, y también por las competencias que tiene en su administración, no cuenta con las coberturas suficientes para garantizar el restablecimiento oportuno de los servicios que se afectan cuando ella se ve impactada por diferentes sectores”, anotó.

Citó entonces un ejemplo reciente: el puente de Los Grillos, un contrato que tenía pólizas, que cumplió sus ciclos de póliza de estabilidad, de obra y garantía, y que al momento de su siniestro no estaba asegurada, es decir, no tenía cobertura. “Eso nos empieza a reflejar una debilidad en la forma como la infraestructura del Estado se está gestionando”.

Para el ministro de Transporte, un puente es una estructura que se construye para 20, 50, 100 años, y las coberturas de las pólizas deberían estar construidas con esa misma longevidad. Camargo dijo también que “muchas entidades territoriales contratan las pólizas, pero no hay un seguimiento riguroso de cómo están asociadas estas pólizas a los activos que administran.

Reporte a la CGR de proyectos con alto nivel de riesgo

Entre tanto, el vicepresidente de La Previsora de Seguros, Gelman Rodríguez, le propuso al Vicecontralor en funciones de Contralor General la posibilidad de firmar un convenio donde la aseguradora del Estado le pueda reportar a la Contraloría, de manera periódica, aquellos proyectos que tienen un nivel de riesgo de incumplimiento.

A su vez, el presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, SCI, Hernando Monroy consideró necesario revisar permanentemente todos los elementos en la cadena de aseguramientos. “Debemos tener un manual de
buenas prácticas, para minimizar riesgos en daños jurídicos, económicos y reclamaciones”, dijo.

La directora del Imvías, Mercedes Gómez, mencionó como algunos contratistas llegan a las obras sin el respaldo financiero requerido o no tienen la experticia necesaria para el tema particular de la obra que asumen, lo que al final genera situaciones de parálisis y que algunos proyectos no se pueden terminar.

Recordó que en el Plan Nacional de Desarrollo se establece la posibilidad de tener un seguro paramétrico, que se está analizando por parte del Invías, lo que se supone debe ser una buena noticia para las aseguradoras.

La presidente (e) de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, Carolina Barbanti, destacó la interacción que hace esta entidad con la CGR, para verificar que los ejercicios de contratación que está haciendo van por el camino correcto. “Cuando la Contraloría nos advierte de algún proceso, lo recibimos de manera positiva, para tener acciones preventivas y planes de mejoramiento”, dijo.

La presidente (e) de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, Carolina Barbanti, destacó la interacción que hace esta entidad con la CGR, para verificar que los ejercicios de contratación que está haciendo van por el camino correcto. “Cuando la Contraloría nos advierte de algún proceso, lo recibimos de manera positiva, para tener acciones preventivas y planes de mejoramiento”.