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Alejandro Pastrán miércoles, 11 de agosto de 2021

La audiencia de caducidad se suspendió temporalmente y se reanudará a las 2:30 p.m. La Unión Temporal insiste en ceder el contrato

Luego de más de cuatro horas de audiencia en la que se escuchó los alegatos de defensa del abogado Jorge Pino Ricci, apoderado de la Unión Temporal Centros Poblados, firma a la que se adjudicó un contrato por $1,07 billones para llevar Internet a más de 7.000 colegios públicos, Adriana Vivas Robles, asesora del Ministerio y delegada para el trámite de la caducidad, decidió suspender temporalmente la audiencia.

De acuerdo con Vivas, “la audiencia se reanudará a las 2:30 de la tarde de este miércoles para dar a conocer las decisiones a las que haya lugar en el caso”.

El Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicación busca la caducidad del contrato luego de que se conociera que Centros Poblados presentó garantías falsas del Banco Itaú dentro del proceso.

Al respecto, el abogado Pino Ricci argumentó que “el Ministerio no puede decretar que la póliza es inexistente o falsa. Solo un juez lo puede hacer, y en ese caso llamar a las partes involucradas”.

Pino ejemplificó que “es como si alguien falsifica un cheque de mi cuenta y se pone de acuerdo con el cajero del banco para cobrarlo. Acá hay responsabilidad del banco. Ellos tienen que hablar".

En ese sentido, Pino subrayó durante su intervención que “para el Ministerio la plena prueba es que el Banco diga que no expidió esa garantía. Se ha vulnerado el debido proceso a la Unión Temporal por el prejuzgamiento de la ministra".

Pino reseñó en varias ocasiones que sus defendidos “actuaron de buena fe por medio de terceros para la adquisición de las garantías”.

Frente a este tema, el Banco Itaú se pronunció y aseguró que “los documentos presentados como garantías por la Unión Temporal Centros Poblados al Mintic son falsos”.

Además, indicó que el banco no contrata intermediarios para la expedición de garantías bancarias, ya que la entidad atiende esos trámites directamente, a través de sus propias oficinas y funcionarios.

Itaú también manifestó que ha certificado que el correo electrónico referido en los documentos falsos no corresponde con el dominio ni con las direcciones de correo electrónico que maneja el banco, y que la persona que aparece como remitente no es ni ha sido funcionaria de la entidad.

“Cuando el banco recibió copia de los documentos en mención, advirtió su falsedad en su contenido, forma, numeración y firmas. Esta situación fue informada en la audiencia de sanción contra la Unión Temporal Centros Poblados, dejando claro al Ministerio que por ser documentos falsos el banco no tenía relación de garante”, detalló el comunicado.

De tomarse la decisión de declarar la caducidad del contrato, Centros Poblados tomaría la decisión de demandar a la Nación.

“Si nos decretan la caducidad vamos a demandar a la Nación, pero nosotros queremos dar un paso al costado y ceder el contrato”, aseveró el abogado Pino para Blu Radio.

Karen Abudinen, ministra de las TIC, está siendo acusada de corrupción por adjudicar el contrato a la Unión Temporal Centros Poblados para llevarle internet gratis a niños y niñas en instituciones rurales del territorio nacional teniendo en cuenta que se autorizó un anticipo de $70.000 millones.

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