En manos de Cidh quedará el Equilibrio de Poderes

Así lo dio a conocer el presidente de la Corporación de Jueces y Magistrados, Hermes Darío Lara Acuña. “Se está atentando contra la independencia judicial, porque la independencia judicial en un país como el nuestro se soporta en la carrera judicial que le da la posibilidad al juez de decidir independientemente, pero como vemos en Venezuela los jueces están adoctrinados por el sistema político presidencial”.

Y agregó, “invito al país a que se dé cuenta de que el presidente Juan Manuel Santos nos va a llevar a un abismo institucional cuando les deje abierto el poder a los políticos para que puedan nombrar y designar magistrados, jueces y empleados”, afirmó.

Esto se suma a la propuesta de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial que la víspera pidió que se convoque a una Asamblea Nacional Constituyente para reformar la Justicia, en la que participen diferentes sectores de la sociedad, incluidos desmovilizados si se firman acuerdos de paz. 

“Esta Comisión propone la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente de carácter limitado a los temas de justicia, en los términos del artículo 376 de la Constitución Política de 1991”, señaló en un comunicado leído por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Leonidas Bustos. 

“Una Asamblea que deberá garantizar la participación activa y directa de los diferentes sectores de la sociedad, incluidos los desmovilizados si se firman los acuerdos de paz, para que las reformas necesarias a la administración de justicia sean fruto de un debate democrático y plural. Esto, con el fin de asegurar la verdadera construcción de soluciones que surjan de la confrontación de las diferentes corrientes de pensamiento y el debate informado de los ciudadanos”, agregó el jurista. 

De acuerdo con la Comisión, la reforma de equilibrio de poderes no resuelve las dificultades estructurales que actualmente tiene la justicia y no contempla las reformas constitucionales necesarias para afrontar los retos que traería un posible escenario de postconflicto en el país. 

En su criterio, ese proyecto es una sustitución de la Constitución porque varios de sus puntos reemplazan la distribución original del poder establecida y minan la existencia de controles recíprocos entre las diferentes ramas del poder.