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Dajibys Martínez Anaya - dsmartinez@larepublica.com.co Lunes, 9 de marzo de 2015

De esta forma, el organismo de control detectó 14 hallazgos administrativos con presunta incidencia disciplinaria en cabeza del Incoder, la Superintendencia de Notariado y Registro, la Alcaldía de Mapiripán, la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas y la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de San Martín de los Llanos (Meta).
 
La Contraloría hizo un llamado para que estas entidades ejerzan una contundente campaña de recuperación de aquellos baldíos que se encuentran irregularmente en manos de particulares.

“Aun cuando es cierto que hasta hace relativamente poco tiempo se estableció la prohibición de adelantar cualquier trámite de pertenencia sobre bienes imprescriptibles, no quiere decir que las actuaciones anteriores constituyan derechos adquiridos, por lo tanto todo hecho de la administración contrario a la norma constitucional, debe ser corregido inmediatamente”, indicó la Contraloría.

Por mandato constitucional, los bienes de uso público (incluidos los bienes baldíos) son inalienables, imprescriptibles e inembargables y, por lo tanto, la prescripción adquisitiva o positiva (usucapión) como modo de adquirir el dominio, no opera en manera alguna con los terrenos baldíos.

La revisión que adelantó la Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario indica que las medidas de protección sobre los predios en Mapiripán han sido tardías, teniendo en cuenta no solo las masacres ocurridas desde 1997 y los consiguientes procesos de desplazamientos intensivos, sino también las órdenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2005.

El municipio de Mapiripán dejó sin medidas de protección a sus predios rurales por más de 10 años, asegura el estudio revelado hoy.