• Andrés Octavio Cardona

jueves, 26 de julio de 2018

Definición de la autoridad competente para juzgar al expresidente podría tardar hasta seis meses.

El revuelo político y jurídico que causó el llamado de la Corte Suprema de Justicia a indagatoria a los congresistas Álvaro Uribe y Álvaro Hernán Prada del partido Centro Democrático, por presuntos delitos de soborno y fraude procesal, es el inicio de un proceso que podría dilatarse debido al fuero con el que cuentan ambos personajes como legisladores y la autoridad competente a definir el caso, bien el alto tribunal o la Fiscalía General de la Nación, conclusión que podría demorar hasta seis meses.

La investigación que adelanta la Corte Suprema a Uribe por el caso de falsos testigos que lo enfrenta al senador Iván Cepeda desde hace más de seis años, detonó en febrero cuando la Sala de Casación Penal se abstuvo de abrir instrucción contra Cepeda y compulsó copias contra el expresidente de la República. A su vez, se involucró a Prada por presunta manipulación de testigos y testimonios en el proceso.

Una semana después de la compulsa de copias a Uribe, su defensa, en cabeza del abogado Jaime Granados, presentó recurso de reposición y nuevos testimonios que desestimaban las pruebas de Cepeda reveladas con anterioridad. No obstante, el 10 de abril, la Corte negó el recurso presentado y confirmó la investigación.

La llamada a indagatoria a los congresistas del Centro Democrático provocó que el senador Uribe presentara renuncia a su cargo para centrarse en su defensa y no interferir en sus tareas como legislador, indicó vía Twitter, hecho que ha motivado diferentes reacciones en la opinión pública sobre la conveniencia o no de tal decisión desde el punto de vista jurídico.

Jaime Arrubla, expresidente de la Corte Suprema, precisó que la competencia está “claramente explicada en la Constitución, en su artículo 235, que dice que senadores, ministros, magistrados, Procurador, Contralor, Defensor o generales, entre otros, tienen fuero ante el alto tribunal. Sin embargo, hay un parágrafo, el cual define, que si un funcionario aforado renuncia o termina su periodo, también cesa el fuero, a no ser que las conductas investigadas tienen relación con las funciones desempeñadas”.

En ese caso, la Corte debe tomar la decisión de mantener o no su competencia respecto a las pruebas y hechos. De lo contrario, pasaría el caso a la justicia ordinaria a través de la Fiscalía General de la Nación.

Carlos Mojica, docente investigador de derecho penal en la Universidad de Medellín, explicó que en el proceso es fundamental “precisar la tipificación de los delitos de los procesados y definir el tema del fuero, lo cual modifica la competencia que puede pasar a un fiscal de conocimiento".

En este sentido, de pasar el caso a la justicia ordinaria a través del Sistema Penal Oral Acusatorio, se tendría que someter a reparto en el circuito y tribunales de Bogotá para asignación de fiscal y juez competente. “La definición de la autoridad competente, debido a la complejidad del proceso e incluyendo los tiempos de presentación de recursos de las partes podría tardar hasta seis meses”, enfatizó Mojica.

A pesar de los argumentos esgrimidos hasta ahora por el alto tribunal, “desde el punto de vista de la administración de justicia, es fundamental esclarecer los hechos preliminares que hacen que se pueda citar a indagatoria. Así mismo, se activan los canales de defensa de los procesados que deben contar con todas las garantías”, explicó Bladimir Cuadro, socio de la firma Torrás Abogados.

Reacciones políticas

La renuncia del senador Uribe a su curul en el Senado de la República agitó los círculos políticos del país. Rafael Nieto, ex precandidato a la presidencia por el Centro Democrático, señaló que “se está usando el aparato judicial para perseguirlo, lo que genera un enorme daño en el sistema democrático”. Por su parte, Angélica Lozano, senadora de la Alianza Verde, dijo que “es histórico que un presidente sea llamado a indagatoria, un paso bastante robusto en el país”.