• Nicolás Escobar Escobar nescobar@larepublica.com.co

miércoles, 27 de abril de 2022

La Universidad Externado de Colombia y LR organizaron un conversatorio para analizar el fallo de la Corte Internacional de Justicia

En el encuentro "Luces y sombras sobre los derechos soberanos y los espacios marítimos de Nicaragua y Colombia en el Caribe Occidental: Comentarios a la sentencia de la Corte Internacional de Justicia", organizado por la Universidad Externado de Colombia y LR, se reunieron, en el segundo panel, Carlos Gustavo Arrieta, Agente de Colombia en la Corte de La Haya; Natalia Castro, profesora de derecho internacional y Maria Teresa Aya, profesora de relaciones internacionales, para debatir sobre las reivindicaciones de la República de Colombia a través de las demandas de reconvención.

Arrieta inició su intervención explicando que existía la percepción de que Nicaragua siempre ha sido el país agresor y se presentaron cuatro contrademandas que progresaron. Así, Colombia pudo pasar a la ofensiva, aprovechando los “papayazos” del país centroamericano.

De las contrademandas, una tenía que ver con la vulneración de los derechos de la comunidad raizal. "La comunidad Raizal no tiene una historia muy clara”, dijo, explicando que esta tiene una fuerte tradición oral y que buena parte de esta se da en las zonas del mar territorial. “Lo argumentamos a sabiendas de que hay unas partes de ese argumento que son más fuertes. Existe una tradición ancestral y existe una violación de derechos por parte de Nicaragua al interrumpir el tránsito de pescadores”, explicó.

Teniendo esto en cuenta, la Corte concluyó que no se pudieron probar los derechos ancestrales. "La tradición de pesca es una donde no hay casi evidencias físicas de la comunidad, sin embargo, se usaron todas las pruebas que pudimos encontrar".

Sobre la regularidad de la pesca tradicional, explicó que no se pudo probar porque "luego de buscar durante meses de esa actividad de pesca, encontramos que unos pocos que decían que sus padres y bisabuelos habían hecho pesca. Sin embargo todo era referencia oral, ya que la comunidad se caracterizó por tener una tradición de este tipo".

En cambio, la Corte aceptó la protección de los derechos de tránsito de los raizales, y señaló que la Armada puede proteger a los miembros de la comunidad que se dediquen a la pesca.

Natalia Castro inició su intervención diciendo: “Vamos a tratar de argumentar que Colombia no solo violó los derechos de Nicaragua, sino que Nicaragua estaba violando los derechos de Colombia”.

Según dijo, jurídicamente no hay acierto en la práctica del derecho internacional sobre el medio ambiente y los derechos económicos sobre la zona económica de Nicaragua no tienen bases, ya que estos recursos deben ser vistos a la luz de aspectos diferentes a la parte económica. "En una lucha contra un oso, es defenderse con una espada y escudo de cartón".

Referente al debate sobre las zonas de pesca, señaló que "el segundo fundamento dice que existe una costumbre local, es la práctica, no se logra decir que existió un derecho de pesca en la zona de Nicaragua. La prueba debería reconocer la práctica de la comunidad en esa zona por el Estado, sin embargo, antes del fallo de 2012, este territorio pertenecía a Colombia".

En ese sentido, aseguró que "jurídicamente, sobre estos dos puntos, Colombia dice que no intentaba ganar, más que todo, lo que quería hacer era quedar bien". Esto, en contravía de lo expuesto por Arrieta, que sostuvo que lo que querían hacer era crear una base jurídica para que Colombia pueda implementar una protección ambiental. “Lo que queremos hacer es crear un marco jurídico más novedoso, y no para poder quedar bien. Por lo menos están sentadas las bases para mayores temas en es sentido”, dijo.

María Teresa Aya, por su parte argumentó que “en el tema de los derechos ancestrales, en 2010 se presenta una argumentación sobre los derechos que estos tienen sobre la tierra, hasta qué punto Colombia defiende la tierra por encima del mar”.

Al respecto, Castro concluyó diciendo que, "si Colombia dice que los estados del Caribe tienen derecho a practicar la pesca libremente, tiene que atenerse a que otros países hagan lo mismo con los territorios del país".

Finalizando el encuentro, Bernardo Vela, profesor de Derecho Internacional, manifestó que el segundo fallo se puede poner en la historia, pues no hay que olvidar que "perdimos un pedazo de mar".