Colprensa
viernes, 4 de agosto de 2023
Petro Burgos fue imputado esta semana por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, cargos que ya aceptó como parte de su colaboración con la Fiscalía
Nicolás Petro aceptó cargos y dijo que parte del dinero entró a la campaña de su padre
En un nuevo capítulo del escándalo político que rodea la elección del actual presidente, Gustavo Petro Urrego, la Fiscalía General de la Nación reveló las pruebas que tiene en contra de su hijo, Nicolás Petro Burgos, quien accedió a colaborar con la justicia, en lo que el ente acusador denominó como el Caso Fasad.
Durante el viernes se realiza una nueva audiencia en la que el ente acusador pedirá medida de aseguramiento en contra de Nicolás Petro y Day Vásquez por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Petro Burgos fue imputado esta semana por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, cargos que ya aceptó como parte de su colaboración con la Fiscalía. Incluso, el hijo del Presidente ya reveló detalles relevantes de este polémico caso.
En términos concretos, según lo expuesto por la Fiscalía, Nicolás Petro Burgos se habría relacionado con una serie de personas (se han mencionado alrededor de 26 nombres en este caso), para recibir dineros que debían ser destinados a la campaña presidencial.
La procuradora 55 Judicial Penal (en representación del Ministerio Público) habló de los elementos específicos para determinar la gravedad de la pena. Mencionó que las penas previstas por los delitos por los que acusan a Nicolás Petro son enriquecimiento ilícito de servidor público y la pena es entre nueve y 15 años y el de lavado de activos son entre 10 y 30 años.
Así mismo, la procuradora delegada, Beatriz Nieves, defendió que las conductas son de alta gravedad por los bienes jurídicos que fueron vulnerados: el orden económico y social, que pretende que no ingresen capitales ilícitos al circuito económico. Argumentó que $1.053 millones no son un monto despreciable y por debe revestir una atención especial porque, para ella, hubo la intención de no dejar rastro de dichas actividades.
La representante del Ministerio Público apeló al artículo 310 del Código de Procesamiento Penal para determinar si Petro Burgos era o no un peligro para la sociedad y debía ser privado de la libertad en su domicilio. Por la gravedad de los bienes jurídicos vulnerados y la cantidad de personas involucradas se debía hacer un test de proporcionalidad para analizar la injerencia de la imposición de la medida privativa en su domicilio y el derecho supuestamente vulnerado. Una vez se superó el test, la Procuradora delegada mantuvo que se debe solicitar la medida privativa.
Haciendo referencia a la segunda petición, la de Daysury Vázquez y la medida de aseguramiento no privativa de la libertad por los punibles de lavado de activos y violación de datos personales, la delegada apeló a los chats para defender la medida de aseguramiento y que dan cuenta de las formas usadas para ocultar bienes y el dinero y los movimientos del mismo (el destino y cómo gastarlo para no dejar rastros).
En cuanto a la violación de datos personales, se encontraron chats en los que se adjuntan archivos Pdf que corresponden a documentos con datos de Laura Ojeda Estupiñan (actual pareja de Nicolás Petro) como datos personales, llamadas entrantes y salientes y contactos. La procuradora defendió que se debe imponer la medida de aseguramiento por la gravedad de los hechos presuntamente cometidos.
El abogado de Nicolás Petro, David Teleki, aseguró que "si el hijo del presidente pisa una cárcel, lo esperan para asesinarlo"; en relación a que su apoderado ha recibido amenazas que ponen en riesgo su identidad.
De común acuerdo entre las partes y después de los pronunciamientos de los acusados sobre las medidas de aseguramiento, se determinó que la decisión se emitirá en la tarde del viernes, después de las seis de la tarde.
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