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Judicial

Un juez emitió cinco órdenes de captura por irregularidades con helicópteros MI-17

Las autoridades confirmaron que ya fueron retenidos Julián Ferney Rincón Ricaurte, Hugo Alejandro Mora Tamayo y Diego Alejandro Manrique

17 de diciembre de 2025

Sara Ibañez Pita


Ejército
Canal de noticias de Asuntos Legales

El escándalo de los helicópteros MI-17 ha estado en el ojo público desde hace algunos meses; sin embargo, recobró relevancia con la decisión de un juez que, por petición de un fiscal Dirección Especializada contra la Corrupción, emitió cinco órdenes de captura contra particulares y militares que estarían implicados en las irregularidades del contrato de mantenimiento, por las que se habrían perdido aproximadamente US$16 millones.

Los tres primeros retenidos fueron el coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte, perteneciente a la Brigada de Aviación del Ejército Nacional, quien ya fue retenido en la base militar de Tolemaida; Hugo Alejandro Mora Tamayo, funcionario de la secretaría general del Ministerio de Defensa y director de contratación de la misma cartera; y Diego Alejandro Manrique, asesor de la Dirección de Proyección de Capacidades e Innovación de MinDefensa.

A estos tres, se suman Carlos Marín Uribe Forero, representante de MI-Series Perssonel & Parts; y James Lester Montgomerie, ciudadano estadounidense, de quienes se presume que sean capturados por medio de las circulares rojas que la Interpol expidió en su contra.

A los cinco señalados, la Fiscalía les imputará algunos delitos como falsedad ideológica en documento público, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, tráfico de influencias de servidor público, prevaricato por acción, abuso de función pública y peculado por apropiación, entre otros.

En razón de esto, el Ejército también informó sobre la apertura de una investigación disciplinaria interna, con la que buscaría esclarecer la procedencia de los hechos y conocer la identidad de todos las personas que llevaron a ceder el contrato para el mantenimiento de los helicópteros a una compañía que no contaba con la experiencia técnica para asumir dicha responsabilidad.

Este acuerdo se firmó por un total de US$32 millones, sobre los que se habría desembolsado anticipadamente 50%. Sin embargo, la Contraloría General de la República reveló que, para el mes de octubre, tenía un avance físico de apenas 8%.

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