Entidades alertan caída de ingresos de la Rama Judicial por reducción salarial de congresistas
El Decreto 0030 de 2026 provoca un efecto cascada que reducirá ingresos a los funcionarios judiciales y otros servidores públicos
28 de enero de 2026
A pesar del positivo recibimiento ciudadano de la noticia de que con el Decreto 0030 de 2026 se disminuiría el suelo de los congresistas por medio del recorte de la prima, entidades representantes de la Rama Judicial han expresado que esta decisión impactaría a miles de trabajadores.
La Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia, Corjusticia, alertó el 22 de enero que este decreto causaría una disminución involuntaria en los sueldos de jueces, procuradores y fiscales. La organización señaló que la medida gubernamental, aunque dirigida nominalmente a los legisladores, activó una modificación práctica en el régimen salarial establecido por la Ley 4 de 1992.
Según la entidad, esta decisión provoca un efecto cascada que reducirá ingresos a los funcionarios judiciales y otros servidores públicos, lo que afecta su calidad de vida y la de sus familias, ya que no todos los cargos superan un salario de $30 millones como el de los congresistas.
Corjusticia afirmó que la disminución del salario a los funcionarios judiciales es "un mecanismo de presión o control indirecto sobre el Poder Judicial". Además, comentó que este panorama no respeta los derechos salariales establecidos y el principio de no regresividad en materia laboral, advirtiendo que la medida puede generar "un escenario de conflictividad institucional".
Por ello, la entidad solicitó la intervención del Gobierno y de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial con gestiones pertinentes para resolver el problema y evitar afectaciones al talento humano al servicio de la Judicatura. Por el momento, la Comisión no se ha expresado sobre la petición.
La entidad también realizó un llamado a los sindicatos y organizaciones de la Procuraduría y la Fiscalía, al igual que a a los servidores públicos afectados, para "aunar esfuerzos por la defensa de nuestros derechos laborales"
De la misma manera, la Corporación Excelencia en la Justicia, CEJ, también alertó que esta medida altera de forma directa el régimen salarial establecido en la Ley 4 de 1992, "lo que constituye un retroceso en los derechos laborales del sector judicial".
En su pronunciamiento, la entidad subrayó que la disminución vulnera el principio de no regresividad y amenaza la autonomía del Poder Judicial. Para la corporación, este tipo de decisiones pueden interpretarse como un mecanismo de control indirecto que pone en riesgo la separación de poderes y los fundamentos del Estado Social de Derecho.
Finalmente, la organización recordó que la dignificación salarial ha sido el resultado de un esfuerzo institucional de décadas orientado a blindar la independencia de la justicia. Por esta razón, la CEJ manifestó su alarma ante lo que considera una norma con serios vicios de constitucionalidad que despoja a la rama judicial de logros históricos alcanzados mediante el consenso, haciendo un llamado urgente a proteger la estabilidad y la integridad de quienes administran justicia en el país.
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