"Hay mucho por hacer en descongestión, no es solo mayor personal es reestructuración funcional"

El Consejo de Estado se puso en el centro del debate luego de la suspensión del decreto del salario mínimo. Alberto Montaña, nuevo presidente de la corporación, habló de lo cuando se tendrá un fallo final en el caso y los retos que tiene esta Alta Corte.

¿Cómo evalúa la reacción del Gobierno al fallo del Consejo de Estado sobre el salario mínimo?

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Una decisión judicial es una manifestación de poder y es absolutamente normal y natural que genere reacciones, de carácter positivo o negativo. En esa medida, cualquier reacción que sobrevenga es bienvenida, en el marco de nuestro estado de derecho no solamente tenemos derecho de opinar de manera íntima, sino pública. Sin embargo, hay que tener en cuenta algunos factores particulares de la decisión judicial.

¿Cuáles son estos factores particulares?

Primer aspecto, la legitimidad que tienen los distintos poderes del Estado son diferentes. El legislador y el ejecutivo en gran medida se deben a su elector. El poder judicial no encuentra en el pueblo un elector, la legitimidad de la decisión judicial se da por el respeto al estado de derecho, a la Constitución, y la ley.

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Segundo aspecto, el juez para poder tomar una decisión que solamente está amparada en la Constitución y en el ordenamiento jurídico necesita independencia, no injerencia, que no haya ninguna posibilidad de influencia distinto a lo concebido en la Constitución y en el ordenamiento jurídico para adoptar una decisión. Frente a las reacciones y las críticas que pueda generar una decisión judicial, debemos ser muy cuidadosos, no puede interferir nuestra función.

¿A qué se debe que la decisión de la suspensión se diera luego de un mes?

Los tiempos en los que se tomó la decisión son naturales en ese tipo de decisiones. Me parece que el tiempo que tardó esa decisión es absolutamente razonable en términos de un proceso judicial de esa envergadura. Se adoptó a partir de un número plural de demandas, en ese momento eran 17 y que hoy es cercano a 30, y de revisar solicitudes de medidas cautelares que además eran disímiles.

¿Cuándo se tendrá la decisión de fondo?

No puedo decir con exactitud, porque el Consejo de Estado tiene una organización interna. En este momento está en cabeza de la sección segunda. Está pendiente un recurso de súplica y unas solicitudes de aclaración que tendrán que ser resueltas.

Es un proceso que está en curso y cuento lo que hay, no lo que puede llegar a pasar, porque no puedo interferir dando opiniones y conceptos sobre ese proceso en particular. Pero me atrevería a decir que una decisión definitiva podría estarse adoptando en el primer semestre, según fallos similares.

¿Cuál es su visión en el cargo de presidente?

Debe ser compatible con la de mis compañeros que hacen parte de la Sala plena, ellos me dieron un mandato a partir de un plan para la acción de construcción conjunta. Hay unos aspectos que son inherentes al presidente del Consejo de Estado pero en particular veo algunos de retos importantes.

¿Cuáles son estos retos?

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El primero, la defensa de la institucionalidad. La jurisdicción de lo contencioso administrativo es una peculiaridad del estado de derecho colombiano y en momentos donde hay desafíos a la institucionalidad del Estado, una labor primordial que debo tener es la defensa de la institucionalidad. En segundo lugar, hay retos muy importantes en descongestión, que es un problema estructural de la rama judicial.

En tercer lugar, el conocimiento de nuestras decisiones y de la litigiosidad por parte de la administración pública. Cuarto, el diálogo entre las cortes. Debemos comunicarnos más. La constitucionalización de todo el derecho es una realidad de la cual no se escapa el objeto de conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y la Corte Constitucional ha señalado en distintas decisiones aspectos que tienen que ver con nosotros y creo que ahí nos falta mucho diálogo entre nosotros.

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Una quinta idea es ahondar ese camino de la unificación de la seguridad jurídica a partir de incentivar diálogos, conocer cuáles son las expectativas, los problemas de los jueces de los tribunales administrativos y también que ellos adviertan cuáles son nuestras expectativas y nuestras dificultades para unificar,en la medida en que unifiquemos va a haber mayor seguridad jurídica y eso va a redundar en mayor celeridad para efectos de esa congestión como problema sistemático.

¿Cómo se ha avanzado en la descongestión?

La descongestión no es solamente mayor capacidad de personal, es también implementar métodos, hacer reestructuraciones funcionales y la implementación de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Yo confío que durante este corto año se ahonde en esfuerzos, con lo que tenemos, para mejorar ese problema estructural.

El año pasado se desarrolló un programa que se denominó Justicia Abierta, en el cual el Consejo de Estado no solo intentó emprender una comunicación y unos diálogos con los jueces de distintas regiones, sino con las administraciones públicas. Eso es muy importante porque en la medida en que la administración pública nos oiga, las administraciones también pueden tomar medidas preventivas y en esa medida eso también va a ayudar a la descongestión.

¿Cómo ve la articulación con el Gobierno?

A veces hay una mala comprensión en la separación de poderes, que está orientada a evitar la concentración en un solo órgano del poder, pero esa división, como lo establece nuestra Constitución Política, debe suponer una colaboración armónica entre las ramas.

De tal manera que cuando hay voces, que indican que debe haber buena relación entre los poderes, en este caso ejecutivo y judicial, no es un propósito ni es una idea vaga, supone el cumplimiento de la Constitución. Cuando hay una coordinación y colaboración entre las ramas del poder público, estamos cumpliendo la Constitución Política.

¿Cuál ha sido el acercamiento con el nuevo ministro de Justicia?

Nosotros como Rama Judicial en una reunión de la Comisión interinstitucional de hace poco menos de un mes, tuvimos la iniciativa de convocar al ministro de Justicia justamente con ese propósito, para que tuviera una primera reunión formal y un diálogo con los representantes de las distintas jurisdicciones, con la fiscal general y por supuesto con el representante de los funcionarios de la rama judicial.

Y él en algunos medios él ha sostenido lo propio, lo que también es una intención de la justicia, lo cual no se puede decir sino bienvenido, es lo normal, lo natural y acorde con la Constitución.

¿Ya se está implementando la inteligencia artificial?

En el Consejo de Estado desde distintos frentes se está estudiando, porque eso no se puede hablar en pasado de la inteligencia artificial. Se estudia el impacto de la inteligencia artificial en acciones nuestras; como ocurre en términos comparados, hay todavía bastante escepticismo en la adopción de la inteligencia artificial para la adopción de decisiones judiciales.

Eso no quiere decir que no se estudie, eso no quiere decir que no se mire, pero creo que el Consejo de Estado en este momento está más o menos en sintonía con otros modelos judiciales comparados donde se analiza, se estudia, pero se ve también con escepticismo, pero ha tenido unos impactos supremamente positivos. Te doy un ejemplo, en materia de relatoría, donde hay muchas mejoras por hacer en la jurisdicción de lo contencioso administrativo en general, ya tiene un impacto real, contundente. ¿Y qué nos ha enseñado, por ejemplo, la inteligencia artificial? El lenguaje claro.