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viernes, 27 de abril de 2018

El monto acumulado de condenas que todavía quedan por pagar llegó en 2016 a $4,4 billones.

El creciente número de litigios en contra del Estado de los últimos años está afectando de manera significativa a las finanzas públicas pues solo entre 2000 y 2016 el Presupuesto General de la Nación (PGN) incluyó sumas cercanas a $11,2 billones para el pago de sentencias y conciliaciones contra las entidades estatales.

Así lo recoge la Comisión del Gasto y la Inversión Pública en su informe final, en donde se indica que el monto acumulado de condenas que todavía quedan por pagar llegó en 2016 a $4,4 billones, lo que representa un rezago de $3,1 billones (cerca de 0,4% del PIB), debido a que los recursos del presupuesto que se destinan al pago de las sentencias ejecutoriadas no son suficientes para cumplir con el total de las obligaciones.

Actualmente, el número y monto de las pretensiones de los litigios en curso presentan cifras alarmantes tanto por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), que toma el universo de los fallos del eKogui (sistema de información de litigios contra el Estado), como por el Ministerio de Hacienda, en donde los números están depurados.

“A 30 de noviembre, existían 450.037 demandas contra el Estado por un valor indexado de $350,8 billones, sin incluir dos demandas frívolas y absolutamente injustificadas como la acción de grupo de todos los desplazados del país cuyas pretensiones ascienden $3.366,9 billones y la acción de reparación directa por violación al debido proceso administrativo contra la Superintendencia de Sociedades, cuyas pretensiones indexadas ascienden a $73,4 billones”, aseguró Luis Guillermo Vélez, director de la Agencia de Defensa Jurídica.

Por su parte, la cartera de Hacienda contabilizaba a junio del año pasado unos 230.000 litigios en curso contra 160 entidades del orden nacional, cuyas pretensiones se acercaban a $106 billones.

LOS CONTRASTES

  • Luis Guillermo VélezDirector de la Agencia de Defensa Jurídica

    “Existen 450.037 demandas contra el Estado por un valor indexado de $350,8 billones. Este valor sin incluir la demanda de desplazamiento forzado a nivel nacional, ni la de la Supersociedades”.

En especial, los pagos por sentencias se concentran en unas pocas entidades entre las que destaca el Ministerio de Defensa que, según la Comisión del Gasto, tuvo un peso de alrededor de 40% del total de los pagos realizados en la vigencia de 2016. En esta cartera, la causa de demanda más frecuente es el no reconocimiento de la indexación y reajuste de la asignación de retiro.

Además, este ministerio, la Policía Nacional, la Caja de Retiro Militar, la Fiscalía General de la Nación, la Caja de Sueldos de la Policía, la Superintendencia de Sociedades, el Consejo Superior de la Judicatura, Invías, Dian y el Inpec concentraron 87,1% del total de pagos de este tipo durante ese año.

“Es común que se presenten litigios en entidades como Invías o la ANI que manejan proyectos de infraestructura con cuantías importantes. Por ejemplo, la ANI tiene a su cargo el manejo de todas las concesiones y otras formas de Asociación Público Privada (APP) para la infraestructura del transporte en el país y muchos de los procesos son contratos que se celebraron con otras entidades”, manifestó Ximena Zuleta, socia de Dentons Cárdenas & Cardenas en los grupos de Infraestructura.

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