“La pasada tributaria ha ralentizado e impedido mayor inversión en ciertos sectores”

Baker McKenzie ha sido reconocida durante 12 años consecutivos como la marca de bufete de abogados más fuerte del mundo, por Reuters, por su presencia en 45 países. A Colombia, llegó en 1937 y, a la fecha, ya cuenta con más de 90 profesionales.

Alejandro Mesa, managing partner de la oficina de Bogotá, habló sobre la proyección de la firma a corto plazo, los retos que enfrentan los sectores de minería y energía en el país, el panorama tributario y la nueva resolución de la Creg.

Teniendo en cuenta su trayectoria de más de 25 años en el sector minero-energético, ¿cómo está apetito inversionista en estas áreas?

Pues yo creo que los sectores son diferentes. El sector minero ha estado aquejado por múltiples dificultades.

Hace falta una estructura institucional mucho más sólida y robusta para poder manejar la asignación de títulos mineros y los nuevos proyectos. Segundo, la falta de reglamentación de una ley estatutaria de consultas previas, cuya ausencia ralentiza el desarrollo de proyectos clave.

En términos de energía eléctrica, lo que ha ocurrido es que, por cuenta de la Ley 1715, se mantiene un apetito razonable por el desarrollo de proyectos de energía renovable.

En cuanto a carga tributaria, ¿considera que esta puede afectar a un nivel en el que ya no sea viable seguir invirtiendo en estos sectores?

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Sin duda. La carga tributaria finalmente es un tema de costo. El inversionista lo ve como cuánto le cuesta o cuál es el margen o retorno de su inversión. Si este es muy bajito y ve que en el país de al lado va a ser más alto, pues se va para allá.

Claramente las decisiones que se tomaron en la pasada reforma tributaria han ralentizado e impedido una mayor inversión en ciertos sectores. La manera como esto se mire por el próximo gobierno va a ser sumamente importante, porque la inversión en recursos naturales es absolutamente medular para el desarrollo de Colombia.

¿Cuál diría que es la hoja de ruta para superar esos retos?

Yo creo que es muy importante el envío de mensajes de solidez institucional, de no cambio de reglas de juego. Pienso que, en buena medida, las normas que tenemos son aceptables para los inversionistas.

¿Qué hace falta? El tema de consultas previas es absolutamente importante. Y, evidentemente, los temas de licenciamiento ambiental, que cuando estén a tono con el desarrollo de los nuevos proyectos, sin duda alguna, se va a potenciar todo lo que Colombia tiene en términos de recursos naturales.

¿Qué se debe reconfigurar para mantener la sostenibilidad sin sacrificar proyectos?

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Hay que salirse del falso dilema de que la minería no se puede hacer porque destruye el medio ambiente.

Tenemos que tener en cuenta que si la minería no se hace de manera legal, se está abriendo el espacio para que sean los grupos ilegales los que se apropien de esos negocios (como hemos visto con el oro). Es mucho más inteligente, en términos de política pública, tener una buena regulación para explotación con protección ambiental y pago de impuestos.

Finalmente, la transición energética necesita fondeo. No podemos parar los combustibles tradicionales y esperar que los proyectos renovables se den por sí solos.

¿Qué tienen de diferente países vecinos como Chile y Perú, en términos regulatorios y tributarios, que los hacen más competitivos?

Ellos tomaron decisiones muy claras de “vamos a ser un país minero”, y tienen unas reglas de juego absolutamente claras, que cuando se tienen, los demás vaivenes no resultan tan importantes. El caso peruano es relevante: el panorama político ha sido sumamente cambiante, pero las inversiones están allá porque hubo una política pública de minería.

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En Chile, la minería forma una parte muy importante del PIB, y los inversionistas están dispuestos a pagar una prima. Invertir en Chile seguramente es más caro que en Colombia, pero tienen esa estabilidad que nosotros todavía debemos desarrollar.

¿Se podría decir que la decisión de ser un país minero-energético trasciende los gobiernos?

Sin duda. Es un tema de pensar el país, que va más allá de un partido político o de cuatro años de gestión. El problema es que, cuando esa decisión no la toma el gobierno, en un país con grupos ilegales como el nuestro, esos negocios terminan en manos de dichos grupos.

Eso es un problema enorme porque la política pública se vuelve insuficiente.

Valdría la pena que se pensara bien en eso, porque todo termina redundando en la sostenibilidad fiscal y en las rentas para atender problemas sociales.

¿Qué perspectivas trae para el sector energético la nueva resolución de la Creg sobre los puntos de conexión?

Con esto se busca facilitar aún más el proceso y que los proyectos que realmente no vayan a estar listos, suelten esos puntos de conexión.

La intención de la Creg es correcta: buscar que los proyectos estancados den un paso al costado para que entren proyectos que pueden desarrollarse más rápido, porque necesitamos contar con una mayor cantidad de generación ante el crecimiento de la demanda.

Para finalizar, ¿cómo está la firma ahora y cuáles serían esos focos de proyección?

Estamos ya cerrando y el balance general es positivo porque se han dinamizado algunos sectores y hemos visto una renovada intención de los inversionistas en temas de fusiones y adquisiciones y en la compra y venta de compañías.

Eso nos parece que es un buen signo de que está rebotando la economía y eso nos complace.

Perfil

Alejandro Mesa hace parte de Baker McKenzie desde 1995 y, desde 2020, lidera la oficina de Bogotá como socio administrador. Es abogado de la Universidad de los Andes, experto en asuntos relacionados con el sector de minería, petróleo y gas, energía, real estate, contratación comercial e infraestructura.

Ha manejado importantes transacciones de financiación de proyectos en el sector, principalmente para empresas estadounidenses y europeas en Colombia. También, ha asesorado a clientes en procedimientos de contratación pública.