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Colprensa martes, 12 de febrero de 2013

Primero se deberá resolver el impedimento de un juez y la apelación de una medida de aseguramiento, antes de definirse la libertad, por vencimiento de términos, de cinco de los presuntos partícipes del millonario desfalco a la Dirección de Impuestos y Adunas Nacionales (Dian).

Así lo aseguró el abogado John Gallardo, defensor de Jazmín Viviana Silva y Andrea Botina, presuntas revisoras fiscales de empresas de papel que solicitaron devolución del IVA ante la Dian de forma irregular, además de Fernando Quiceno, representante Legal de la empresa Comercializadora de Metales Tato, compañía que también habría solicitado los reembolsos. 
 
Según el jurista por ahora no hay juez que decida sobre la libertad de sus tres representados, puesto que el primer asignado dijo ser amigo del fiscal del caso, por lo que se declaró impedido y otra juzgadora aseguró que había que solucionar ese trámite, antes de determinar a cuál de los dos les corresponde tomar la determinación. 
 
“Con infortunio el día cinco de febrero de este año el juez 61 de garantías se declaró impedido en el sentido de decir que conocía el fiscal delegado que se había destacado para la audiencia de solicitud de libertad y en procura de ellos se declaró impedido. Tenía que dársele trámite a ese impedimento, la juez coordinadora del Centro de Servicios tomó la decisión de reasignar la audiencia a la juez quinta”, aseguró. 
 
Pero según el juzgado, dicha juez dijo que era necesario solucionar el supuesto impedimento del primer togado y por eso ella no podría entrar a resolver. 
 
Adicional a ello, el jurista indicó que otras dos personas tampoco pudieron conocer la situación de la revocatoria de la medida de aseguramiento en su contra por vencimiento de términos, esto porque hay una apelación en trámite. “La señora juez indica que en cuanto el señor Herbin Martínez y otras personas, está pendiente un recurso de apelación, por lo que basándose en ello, no es la competente para resolver peticiones de libertad, hasta que el juez de segunda instancia dirima el recurso de alzada”, señaló. 
 
Para el abogado, los términos en el proceso están vencidos y por ende se les debe conceder la libertad, por eso espera que el supuesto impedimento se defina lo antes posible. “Hay que esperar a que la segunda instancia del impedimento se pronuncie dentro de los tres días siguientes y esperamos que lo haga lo más pronto, teniendo en cuenta que desde la audiencia de acusación del 13 de enero de 2012, han transcurrido 396 días en este proceso y no se ha dado inicio a la audiencia de juicio oral, por lo tanto, entendió que la libertad procede como quiera que los términos están vencidos”, puntualizó. 
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