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Judicial

Estado deberá reconocer su responsabilidad por violencia en San José de Apartadó

La Andej llegó a un acuerdo con la comunidad para reconocer y reparar las múltiples violaciones a los derechos humanos que sufrió la comunidad

13 de enero de 2025

Juan Diego Murcia

jmurcia@larepublica.com.co

César Palomino Cortés
LR
Canal de noticias de Asuntos Legales

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en cabeza de César Palomino Cortés, anunció que llegó a un acuerdo de solución amistosa de reparación colectiva con la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.

Dicho acuerdo establece compromisos para reconocer y reparar las múltiples violaciones a los derechos humanos que sufrieron miembros de la comunidad, con el que se pone fin a un litigio de muchos años frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Cidh.

"El acuerdo, que parte por el reconocimiento de responsabilidad internacional por parte del Estado colombiano, incluye importantes medidas para garantizar la reparación de las víctimas, la preservación de la memoria y el impulso al avance de las investigaciones judiciales sobre los hechos", explicó la Andje en un comunicado.

¿Cuáles son los principales puntos? El Estado deberá hacer un acto público de reconocimiento de responsabilidad. "El Estado se compromete a realizar un acto público en el en el que se destaque la labor de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó como un ejemplo, incluso a nivel mundial, por proclamar el desarme como una política de la sociedad civil".

También fue acordada la construcción y/o mantenimiento de monumentos en homenaje a las víctimas de violencia en la región. Además se establecerán espacios de memoria en los que se instalarán placas, monumentos y murales, con el fin de recordar a las víctimas y preservar la memoria histórica de la comunidad.

"Se publicará un libro que narre la historia de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, para que las futuras generaciones conozcan los hechos ocurridos y se garantice la preservación de su memoria colectiva", dijo.

El Estado solicitará a la Fiscalía General la creación de un grupo especial de fiscales y miembros del CTI,con el fin de adelantar las investigaciones penales relacionadas con los hechos ocurridos en la comunidad.

"Se creará una comisión independiente, presidida por la Defensoría del Pueblo, que evaluará el desarrollo de las investigaciones sobre violaciones a derechos humanos contra miembros de la Comunidad de Paz. Esta comisión elaborará un informe con recomendaciones relacionadas con las acciones que considera el Estado debe adelantar en relación con esas investigaciones", explicó la entidad.

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