• Cristian Acosta Argote cacosta@larepublica.com.co

martes, 14 de septiembre de 2021

Propuestas normativas incluyen la creación de una especie de Soat para armas y un registro en línea de los salvoconductos

Los índices de inseguridad en el país se han disparado y la ciudadanía también ha mostrado un descontento con la delincuencia común en las principales ciudades. De hecho, la más reciente encuesta de Invamer reveló que 96% de los encuestados señaló que la inseguridad está empeorando, frente a tan solo 2% que notó una mejoría.

Ante estas cifras, el Congreso de la República estudia varios proyectos de ley sobre el porte de armas que buscan reducir los índices de criminalidad a lo largo del país. Tal es el caso de la iniciativa de la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal, quien, por segunda vez, y junto al representante Christian Garcés, presentaron una iniciativa que busca “eliminar la figura del porte especial de armas, adoptada durante el gobierno de Juan Manuel Santos, y cuyo efecto redujo las posibilidades de protección personal”.

A la par, también cursa en el Congreso la iniciativa del senador y precandidato presidencial Rodrigo Lara, quien busca una mayor trazabilidad de armas y municiones, además de un mayor control para la entrega de estos artefactos.

Proyectos que confluyen

Un análisis de los dos proyectos podría arrojar que van por líneas similares. Cabal alega que desde 1993 hubo en el país un Decreto que permitía la flexibilidad en el uso y porte de armas, pero desde 2015 ya no fue tan fácil la tenencia y porte de armas de fuego. “Básicamente. lo que queremos es retomar el sentido común de las cosas. Este proyecto busca quitarle la discrecionalidad al Gobierno y darle un piso legal para limitar esa discrecionalidad. Desde 2015 vemos una dificultad y un obstáculo con el Decreto de porte especial. El Estado desprotege a los ciudadanos y los deja sin derecho a la legítima defensa, tal como los casos de ganaderos y mineros que afirman que no hay celeridad en la entrega de armas”, dijo Cabal.

Uno de los puntos claves es el plazo de entrega de los permisos, pues el proyecto afirma que la autoridad encargada deberá expedir los permisos de tenencia de armas de fuego para defensa personal en un plazo no mayor a 30 días calendario.

La iniciativa de Cabal y Garcés también establece multas para aquellos que porten armas bajo los efectos del alcohol o las drogas, además de disparar el arma sin un motivo justificado. De esta forma, una persona que incurra en estas faltas enfrentará una multa de tres salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Por otro lado, la propuesta de Lara busca la trazabilidad tanto para las armas como para la munición. “Todos los bandidos tienen salvoconductos falsos. Por ello, estos deberán estar registrados en línea para detectar armas ilegales”, dijo. Asimismo las ojivas tendrán, según la propuesta, un código QR para verificar, en caso de que hayan sido vendidas a criminales, quién fue el responsable de la venta.

“También estableceremos un seguro estilo Soat para el porte de armas, así, cuando se cometa un delito o accidente, se podrá indemnizar a las víctimas”, agregó Lara. El precandidato afirmó que con estas medidas se busca sacar de circulación las armas ilegales que hay actualmente en las calles del país. Lara agregó que los dos proyectos “no riñen entre sí”. “Yo no quiero restringir la adquisición de armas, por ejemplo, para las personas que viven en el campo. El problema es que las personas que porten un arma de fuego sean dignas de portarlas y podemos generar una trazabilidad de las armas y las municiones”, agregó.

En cuanto a las cifras, para Cabal, a pesar de la prohibición que data de 2015, la delincuencia se ha disparado en los últimos años y durante 2020 llegó a 12.016 homicidios, mientras en 2019 fueron 11.880. Lara, por otro lado, afirmó que tener más control sobre estos artículos hará que las familias se sientan más seguras pues “este año llevamos 7.900 homicidios y 77% de ellos fueron con armas de fuego. Además, las mujeres se sienten inseguras”.

Polémica por Armas traumáticas

Adicionalmente a estos proyectos, el Ministerio de Defensa anunció la expedición de un Decreto que prohíbe el uso de armas traumáticas en Colombia.

El documento está listo y la cartera de Defensa espera que entre en vigencia en los próximos días. La nueva normativa reglamentará las armas traumáticas como si se tratasen de armas de fuego.

El porte será incluido en el artículo 365 del Código Penal, el cual dicta que cualquier persona que trafique, porte, almacene o venda las armas será susceptible de acarrear consecuencias penales. En ese sentido, a partir de la publicación de este nuevo Decreto, un ciudadano que requiera la adquisición de un arma traumática deberá solicitar los permisos para que pueda tenerla o portarla sin entrar en choque con la ley.