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Daniel Rojas Castañeda - drojas@larepublica.com.co martes, 9 de junio de 2020

Adriana Duarte, directora jurídica de Conactivos, dijo que en lo que va del año han beneficiado a 300 personas

Según el último informe de litigiosidad, la deuda del Estado por sentencias asciende $10,3 billones y tiene 399.048 procesos judiciales en contra, en los que se cuentan casos como los de los falsos positivos o víctimas del conflicto armado. En entrevista con AL, Adriana Duarte, directora jurídica de Conactivos, una empresa dedicada a la compra de sentencias y conciliaciones, explicó cómo llevan a cabo estos procesos y beneficia a personas.

¿Cómo funciona el proyecto de Conactivos?
Es una empresa especializada en la compra de sentencias y conciliaciones de reparación directa que han sido falladas en contra del Estado, concretamente, entidades del orden nacional como el Ministerio de Defensa, la Fiscalía General, la Policía Nacional y el Inpec, principalmente.

¿Cuál es el proceso?
El proceso de compra se enmarca jurídicamente en una cesión de derechos económicos y se basa en varios pasos fundamentales. Primero, preliquidación o propuesta inicial de compra. Luego se hace la recolección de toda la documentación necesaria y revisión jurídica detallada que confirma la viabilidad de compra.

Después se hace la elaboración y posterior firma del contrato y demás documentos para perfeccionar la cesión; se radica ante la entidad deudora y con la correcta aceptación de la cesión, se realiza finalmente el desembolso a beneficiarios y/o apoderado.

Toda persona que tenga una sentencia en firme de reparación directa puede acceder a la venta de la misma para obtener liquidez.

LOS CONTRASTES

  • Laura AmezquitaDirectora comercial

    "Conactivos es una empresa con una preocupación honesta porque las personas reciban su dinero lo más pronto posible y en las mejores condiciones, y en esa línea busca mejorarse constantemente en el servicio al cliente".

¿Cuáles son los daños que genera la demora de desembolsos?
La demora en el pago de la sentencia ha generado una profundización en el daño original que han sufrido los beneficiarios. Esto significa, por ejemplo, que un soldado que prestó el servicio obligatorio y quedó con algún padecimiento psicológico o físico tras este, tiene que cargar además con el desgaste del proceso judicial hasta llegar a un fallo a su favor, luego con la agotadora espera para por fin tener el pago que solo compensa en parte, y mientras tanto, él y su familia han tenido que rehacer su vida de maneras que uno no se imagina.

¿Cuántas personas se han beneficiado en lo que va de este año en el pago de estos fallos?
Este año ha aumentado la compra de sentencias y conciliaciones precisamente porque cada año la demora en el pago por parte del Estado es mayor. En casi seis meses que llevamos se han beneficiado cerca de 300 personas, en su gran mayoría víctimas de extralimitación por parte de militares y policías, privación injusta de la libertad y lesiones a conscriptos.

¿Cuáles son los objetivos que tienen para este año?
Para 2020, debe ser mayor el número de beneficiarios de sentencias de reparación directa. Es claro que el Gobierno Nacional está buscando la manera de pagar más rápido, y en esa línea, recientemente salió el Decreto 642.

Sin embargo, en el mismo quedan vacíos que cada entidad deberá llenar y ver si efectivamente es compensada la espera.

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