La Corte Constitucional convocó una audiencia pública para revisar la crisis penitenciaria

La Corte Constitucional convocó una audiencia pública para analizar y encontrar soluciones frente a la crisis penitenciaria, carcelaria y en los centros transitorios de detención. El alto tribunal busca hallar las responsabilidades institucionales y ejecutar medidas y compromisos para garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad.

Los tres ejes temáticos en los que se basará la conversación jurídica serán, primero, la financiación, sostenibilidad fiscal y la distribución de competencias; segundo, el hacinamiento, infraestructura, disponibilidad efectiva de los cupos y traslados; y tercero, la evaluación y fortalecimiento de la estrategia de seguimiento y demás sistemas de información sobre el estado de cosas inconstitucional.

Pese al seguimiento de años y órdenes impartidas por el alto tribunal, aún el sistema carcelario tiene problemas estructurales de hacinamiento. Las deficiencias de infraestructura, la deficiente atención en salud y suplencia de alimentación son atribuidas por la Corte a la falta de articulación institucional y obstáculos para garantizar condiciones dignas de reclusión.

Al realizar las inspecciones judiciales la Sala Especial de Seguimiento en los territorios, se han constatado ambientes críticos en los establecimientos de reclusión y centros de detención transitoria. Los hallazgos, indica el alto tribunal, evidencian la necesidad de adoptar medidas articuladas para superar obstáculos persistentes y garantizar los derechos humanos de los reclusos.

Es especialmente "preocupante" la situación en los centros de detención transitoria. Según cifras de la Policía Nacional, datos analizados por la Corte, con corte a agosto de este año, en el país hay 1.065 salas de detención en estaciones y subestaciones de la Policía y 79 salas en unidades de reacción inmediata, URI, lo que arroja un total de 1.114 centros de detención transitoria.

Se denuncia que, en centros con capacidad para 9.686 personas, permanecen recluidas hasta 18.824 personas: 17.000 en estaciones de Policía y 927 en URI, lo cual representa una sobreocupación de 9.138 personas y una tasa del 94,35% en materia de hacinamiento. Del total, 17.292 personas están privadas de la libertad en una media de 36 horas.