Germán Zarama Sábado, 31 de enero de 2015

Para nadie es un misterio que la justicia en Colombia no atraviesa por su mejor momento. Durante el 2014 se presentaron muchos desaciertos que en conjunto configuraron uno de los peores años en cuanto se refiere a la imagen del sector ante la opinión pública, especialmente por la evidente desconfianza en instituciones como la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, lo cual se puso de presente en la más reciente encuesta “Colombia Opina”.

Sin lugar a dudas, el paro judicial (cuyo decreto fue enérgicamente rechazado por la CEJ) trajo consigo las consecuencias más negativas para el acceso y la confianza de los ciudadanos en la justicia, sobre el cual si bien se ha llegado a acuerdos parciales, a la fecha aún no se vislumbra una salida definitiva. Bajo esa coyuntura el 2015 representa un año de inmensos retos para el país, en cuanto se refiere a mejorar los índices de efectividad y credibilidad en la justicia. En ese sentido, la reforma de equilibrio de poderes aparece como la gran protagonista, -siendo además una de las grandes banderas del segundo periodo del actual Gobierno-.

Dicha reforma, merece especial revisión en asuntos como el establecimiento de un nuevo órgano de gobierno y disciplina de la rama judicial, a la par de un nuevo Tribunal de aforados constitucionales, lo cual conlleva además un seguimiento minucioso a los debates pendientes y a su implementación, especialmente en materia presupuestal, dado el impacto que puede llegar a tener en la justicia:

De otra parte y como ha recomendado ésta Corporación en diferentes escenarios, se hace necesario impulsar definitivamente la implementación del Código General del Proceso, particularmente de aquellas figuras sobre las cuales se ha demostrado no es necesaria la inversión de recursos o construcción de infraestructura.

En materia penal y de política criminal, una de las prioridades radica en hacerle frente a la crisis del Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes, lo cual supone hacer una revisión de la situación actual y un plan para solucionar los problemas estructurales incluyendo el hacinamiento.

Igualmente en el ámbito penal, se tienen como probables una nueva reforma al Sistema

Penal Acusatorio y una nueva ley de pequeñas causas, que ameritan una revisión exhaustiva frente a los respectivos proyectos de ley que se presenten.

Ahora bien, en cuanto respecta a los diálogos de paz y la búsqueda de una solución al conflicto armado, la justicia jugará un papel preponderante en el año 2015, pues a partir de la iniciativa “Misión Rural” que emprendió el DNP en el año 2014, surgió la necesidad de darle un nuevo enfoque territorial a la justicia, así como diseñar nuevos modelos de justicia rural y elaborar estudios para la creación de una jurisdicción agraria.

Éste asunto en particular, merece un especial seguimiento teniendo en consideración lo establecido en las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, el cual reconoce la necesidad de pensar en estrategias que apunten a un desarrollo rural integral, orientado a la adopción de políticas más comprehensivas, multisectoriales y territoriales para brindar mejores condiciones de vida, oportunidades y desarrollo para todos los habitantes del campo. Así mismo, en torno a los Acuerdos de la Habana y más allá del debate actual sobre la refrendación de los mismos, es menester comenzar a pensar desde el sector justicia en el inicio del trámite de la ley estatutaria que establezca el marco jurídico para la paz. Finalmente, debe hacerse mención de la relación entre la justicia y las TIC, dado que el mencionado PND contempla la vinculación entre el Ministerio de Justicia y del Derecho, con el Ministerio TIC, para llevar a cabo programas como Justicia en línea con aplicaciones y expediente digital en línea, Justicia en red para asegurar la infraestructura tecnológica mínima necesaria y Cultura Digital en Justicia para apoyar las mejoras de las habilidades TIC de los funcionarios del sector Justicia.

Por todo lo expuesto se puede afirmar que si bien en la actualidad la justicia colombiana no genera la favorabilidad deseada en la opinión pública, todas las iniciativas mencionadas representan una gran oportunidad para recuperar la confianza en ella, y reconocer que a pesar de las dificultades que se presentan para la reivindicación de la misma (entre ellas el presupuesto), el país en conjunto tiene el gran reto de sacarla a flote con el compromiso y trabajo armónico de todos los sectores, pues no puede desconocerse que a la larga son todos responsables y partícipes de la misma.