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Julian Ramírez Prado domingo, 13 de enero de 2013

La justicia ha cobrado cada vez un papel más importante dentro de la actividad en el Congreso de la República.

En efecto, año tras año, la Corporación Excelencia en la Justicia ha venido reportando cómo la agenda legislativa comprende cada vez más iniciativas que involucran reformas en materia penal, propuestas para la expedición y modificaciones de Códigos y otros ajustes estructurales al sistema de justicia, no solo de índole legal sino también constitucional. 
 
Desde un punto de vista cuantitativo, las cifras muestran que el número de proyectos de ley sobre asuntos penales y sobre reformas estructurales en materia de justicia que han sido tramitados durante las más recientes legislaturas, se han incrementado paulatinamente. En efecto, mientras que para el periodo 2009-2010 se registraron 31 iniciativas tramitadas sobre asuntos penales y 22 en los demás asuntos en materia de justicia; en el actual periodo se han incrementado estas últimas de una manera sin precedentes, llegando a totalizar 53 iniciativas tramitadas tan solo en el primer periodo, por encima de las 49 que se registran en materia penal. Esto quiere decir que, en comparación con la legislatura 2009-2010, actualmente se reporta un incremento del 58% en lo correspondiente a proyectos de índole penal, mientras que las iniciativas en materia de justicia han aumentado en un 140%.
 
Ahora bien, más allá de estos impactantes números, lo más importante ha sido el contenido de varias de las iniciativas que han sido tramitadas en el Congreso -algunas de las cuales han sido aprobadas y sancionadas como leyes o publicadas como Actos Legislativos-. Durante los últimos años han culminado exitosamente su trámite normas que transforman el funcionamiento de nuestra justicia, como el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la ley de seguridad ciudadana (que introdujo reformas al sistema penal acusatorio), el Estatuto Anticorrupción, la ley de víctimas (en lo relacionado con los procesos judiciales de restitución de tierras), el Estatuto del consumidor, el Estatuto de Arbitraje nacional e internacional, la reforma constitucional mediante la cual se permite la desmonopolización del ejercicio de la acción penal, el Código General del Proceso, el marco jurídico para la paz y la reciente reforma constitucional al fuero penal militar.
 
De cualquier manera, no se debe dejar de lado la agenda legislativa actual, dentro de la cual cursan importantes iniciativas como la reglamentación de la enmienda constitucional para la desmonopolización de la acción penal, el nuevo Código de Policía, la reglamentación del derecho de petición, la reforma sobre garantías mobiliarias para facilitar el acceso al crédito, la ley que otorga facultades extraordinarias al Presidente para reformar la estructura de la Fiscalía General de la Nación, la penalización de la conducción en estado de embriaguez, la ley para combatir los grupos criminales, la reglamentación del incidente de impacto fiscal creado mediante la reforma constitucional sobre sostenibilidad fiscal y la reforma al régimen de liquidación de sociedades.
 
En conclusión, los últimos años han resultado cruciales para la transformación normativa de nuestro sistema de justicia. Sin embargo, ante la avalancha de proyectos de reforma, no se debe dejar de reconocer la importancia de abrir espacios democráticos de discusión y hacer ejercicios de planeación, con participación de las tres Ramas del Poder Público, de la academia y de la misma sociedad civil, de manera que exista una adecuada priorización de proyectos en la agenda legislativa. De la misma forma, dicho ejercicio facilita la determinación de puntos transversales que son abordados por diferentes iniciativas, de manera que potencializa la coherencia entre los diversos proyectos para evitar inseguridad jurídica y la aparición de eventuales lagunas jurídicas o vacíos normativos. De la misma forma, debe enfatizarse cada vez más en los estudios de costos y los planes de implementación de los proyectos de reforma, ejercicio que debe hacerse incluso antes de que estos sean aprobados, puesto que el alto impacto de las normas que se discuten amerita la preparación suficiente para su puesta en marcha, previniendo que se conviertan en simples mandatos sobre el papel. Justamente, la pasada legislatura nos dio una lección ejemplar que inspira estas reflexiones: la fallida reforma a la justicia evidenció los problemas que puede acarrear el afán por lograr la rápida aprobación de iniciativas de alto impacto, alrededor de las cuales debe darse un proceso mucho más extensivo de reflexión. La Corporación, desde su Observatorio de Reforma a la Justicia (www.cej.org.co/seguimientoreforma) continuará aportando al fortalecimiento del trámite de los proyectos que cursan en el Congreso.
 
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