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Colprensa jueves, 16 de octubre de 2014

Debido a las protestas que adelantan desde hace dos semanas los funcionarios de la Rama Judicial, se aplazó la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra la excontralora Sandra Morelli, confirmó el fiscal del caso quien no dio a conocer la fecha para la nueva diligencia.

Por su parte, Felipe Gómez represente de los Tribunales de Cundinamarca y Bogotá, dijo que mientras continúe el cese de actividades no se realizará una sola audiencia.

“Todas las audiencias están suspendidas en este edificio, son 40 audiencias diarias en materia laboral, penal y administrativa. No se le esta atendiendo a absolutamente a nadie”, agregó Gómez.

Al respecto, Álvaro Rolando Pérez, abogado de Morelli, dijo que esta suspensión afecta notablemente los derechos de la ex contralora y reveló que esta tiene un tiquete de regreso a Colombia si la justicia le garantiza que no afectarán su derecho a la defensa y al debido proceso.

“Ella particularmente se siente incómoda por el episodio de su salida del país, cuando viajó a Roma salió con tiquete de ida y regreso, ella tenía intenciones de volver al país, luego tomó la decisión de quedarse. El tiquete de regreso lo tengo en mi poder. Aun confía en la justicia colombiana”, dijo el jurista.

También cuestionó que el paro judicial este afectando el proceso de su defendida, “un país donde no se garantice el ejercicio de la justicia, que se encuentra permanentemente en paro y que las autoridades dejan de reconocer un derechos fundamental de las personas como lo es el acceso de la justicia, pues afecta gravemente a mi cliente”, dijo Pérez.

El abogado Pérez, señalóque la excontralora estaría dispuesta a responder por video conferencia durante las audiencias públicas programadas en su contra, pero será la administración de justicia quien defina si acoge esa propuesta. Este proceso se le adelanta a la excontralora Sandra Morelli, por la firma de dos contratos de arrendamiento de la nueva sede de la Contraloría General de la República donde habría causado un detrimento patrimonial mayor a los $12.000.

Cuatro delitos fueron imputados a la exfuncionaria: contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado, junto a los agravantes de su cargo como funcionaria de alto nivel.

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