martes, 10 de octubre de 2017
El Consejo de Estado tomó la decisión tras una solicitud del Ministerio Público.
La Procuraduría General de la Nación (PGN) dio a conocer que tras una solicitud que hizo, el Consejo de Estado estableció que los detectives especializados, profesionales o agentes; criminalísticos especializados, profesional o técnico; y conductores del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) tienen derecho a que la prima de riesgo que percibían como salario sea incluida en la liquidación de sus pensiones.
La decisión se dio luego de que el Ministerio Público pidiera que las demandas sobre la liquidación sean tramitadas de manera unificada. La PGN, en cabeza de Fernando Carrillo, señaló de acuerdo con un comunicado, que la “sección Segunda determinó que la prima de riesgo sí constituye factor salarial al ser una retribución directa y constante a la que tenían derecho los funcionarios del DAS en atención a las características especiales de sus labores”.
El Consejo de Estado dijo que esta jurisprudencia debe ser usada en casos similares en los que se busque establecer la liquidación de las prestaciones de los extrabajadores del DAS.
Por otro lado, la Procuraduría también está centrada en la indemnización de funcionarios retirados de forma injustificada. Por eso, según anunció, la entidad solicitó al Consejo de Estado considerar la posibilidad de establecer unas tablas de indemnización que definan los montos a pagar en casos comprobados de retiros injustificados de servidores nombrados en provisionalidad, que según el Ministerio dan lugar a un resarcimiento por parte del Estado.
“La idea de fijar dichos valores es acudir a una tasación más justa que permita reparar integralmente el daño que se le puede causar a un trabajador al ser despedido de manera ilegal, situación que hizo manifiesta una ciudadana en Santander, quien presentó un recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia”, explicó el ente de control en un comunicado.
Otra de las noticias que generó la Procuraduría General de la Nación fue que abrió investigación en contra de Astrid Salamanca Rahín, directora administrativa del Senado, por presuntas irregularidades en la firma de 74 contratos hechos a pocos días de que terminara el acto legislativo 2016-2017. La indagación busca esclarecer si hubo una falta disciplinaria por inconsistencias como salarios inferiores a los que indica la ley.
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