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  • José David Castilla

jueves, 27 de diciembre de 2018

Pablo Augusto Gutiérrez, contralor del departamento, habría destinado indebidamente recursos públicos para un viaje a Panamá

La Procuraduría abrió pliego de cargos contra el contralor de Boyacá, Pablo Augusto Gutiérrez Castillo. Según las investigaciones del Ministerio Público, Gutierrez habría destinado indebidamente recursos públicos para un viaje a Panamá que costó más de $137 millones.

El ente de control disciplinario también reprochó la conducta de ocho miembros de la mesa directiva del Fondo de Bienestar Social de la Gobernación. Entre los imputados se encuentran el secretario general de la entidad, Enrique Monroy Pachón; la directora Administrativa, Luz Ángela García Galindo; la subdirectora Financiera, Presupuestal y Contable, Mónica Yasmith Buitrago; el jefe de la Oficina Asesora de Control Interno, Orlando Jeremías Rivera; el director Administrativo, Jorge Luis Rodríguez Vega; Yaneth López Pulido y Adolfo Quintana, quienes actuaron como representantes de los empleados, y María Stella Rondón como líder del Copasst, todos miembros de la junta directiva del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría.

Según evidenció el ente disciplinario, los miembros de la junta habrían organizado un viaje a Panamá para 82 funcionarios y la relacionaron como una actividad de bienestar e integración de la planta global de la Contraloría. La actividad tuvo un costo de $137 millones.

En el primer cargo, el órgano de control reprochó a los funcionarios por permitir el uso de recursos públicos en actividades no contempladas en el programa de bienestar laboral de la Contraloría; también realizaron una contratación indebida que no se encontraba estipulada en el plan.

En el segundo cargo, la Procuraduría evidenció que los implicados habrían beneficiado a personas ajenas a la entidad con esta actividad. Es decir, con los recursos públicos del departamento se les habría pagado un viaje recreativo a personal externo a la Contraloría.

El órgano de control calificó las faltas, presuntamente cometidas por el contralor Pablo Augusto Gutierrez, Enrique Monroy Pachón y Orlando Jeremías Rivera como graves a título de culpa. Las otras faltas fueron imputadas a título de dolo.

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