Presidentes de altas cortes exigen al futuro mandatario cumplir sentencias judiciales

La Procuraduría General de la Nación organizó la primera Cumbre Internacional de Instituciones Autónomas y de Control en Bogotá, un encuentro que reunió a los presidentes de las altas cortes de justicia en Colombia de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Durante el evento, los representantes de la rama judicial coincidieron en señalar el deber que tiene el poder ejecutivo de respetar las decisiones emitidas por los tribunales del país, independientemente de la filiación política de quien asuma la jefatura del Estado.

El presidente del Consejo de Estado, Alberto Montaña Plata, expuso que si bien el mandatario de la República mantiene el derecho de manifestar su desacuerdo con las decisiones de los jueces bajo el amparo de la libertad de expresión, existe la obligación de dar cumplimiento a los fallos de la justicia. Asimismo, el magistrado indicó que la confrontación a la institucionalidad difiere de la crítica técnica, y admitió la pertinencia de que los tribunales comuniquen sus sentencias con mayor pedagogía hacia la ciudadanía.

Por su parte, Iván Mauricio Lenis Gómez, presidente de la Corte Suprema de Justicia, se refirió al rol del mandatario en el marco de la configuración estatal del país. El directivo argumentó que la jefatura del Estado conlleva la representación de la unidad del territorio, por lo cual las actuaciones oficiales deben alinearse con la ponderación y la imparcialidad, extendiendo una invitación a los diferentes sectores civiles para emitir juicios fundamentados que eviten la agudización de las tensiones sociales.

La presidenta de la Corte Constitucional, Paola Meneses Mosquera, manifestó que las exigencias de la judicatura frente a la administración entrante permanecerán sin modificaciones tras los resultados electorales. La magistrada puntualizó que la estabilidad judicial requiere de la asignación presupuestal correspondiente, el respeto a las competencias asignadas y la preservación de las condiciones de carrera de los funcionarios de la rama judicial.

La legitimidad de la gestión gubernamental se fundamenta en la sujeción a los principios constitucionales y a la división de los poderes públicos vigentes en el país. Los magistrados concluyeron que el acatamiento de las disposiciones judiciales constituye la base fundamental del Estado de derecho y de las garantías para el ejercicio de los derechos de la población en el territorio nacional.