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  • Alejandra Rico Muñoz

viernes, 31 de marzo de 2023

Los acusados apelaron a la sentencia, el proceso pasará ahora al Tribunal Superior y el caso se convierte en un hito en la justicia

El juez 39 penal del circuito emitió sentencia contra el exvicepresidente de Cemex Colombia Édgar Ramírez Martínez por la adquisición ilegal de un terreno para la construcción de una planta de cemento en Maceo, Antioquia. Eugenio Correa Díaz, uno de los implicados en el negocio, también fue condenado.

A Martínez lo sentenciaron a 15 años y un mes de cárcel y a Correa lo condenaron a 20 años de cárcel; ambos deberán pagar $100.000 millones.

“Fueron acusados por su participación como funcionarios de la SAE en una negociación que se hizo con un depositario de la entidad para alquilar una zona franca y un lote de terreno en Maceo Antioquia donde hoy funciona una planta de cemento y que estaba en administración de la SAE”, aseguró a AL el abogado de la entidad dentro del caso, el penalista Francisco Bernate.

Los acusados apelaron a la sentencia, por lo que el proceso pasará ahora al Tribunal Superior de Bogotá para un fallo en segunda instancia.

Martínez y Correa fueron acusados de participar en una defraudación de $40.000 millones vinculada a la adquisición de la planta. Ambos se mantienen prófugos de la justicia y tienen circular roja de Interpol, según confirmó Bernate.

El abogado agregó que “es un hecho histórico que en nuestro medio haya una condena contra funcionarios de alto rango de una multinacional. Además protege el patrimonio de todos los colombianos”.

El caso

De acuerdo con las investigaciones, el lote de Maceo pertenecía al empresario de la chatarra José Aldemar Moncada, quien fue condenado por un millonario desfalco a la Dian y posteriormente asesinado en Envigado, tras ser testigo en ese mismo caso.

El terreno de Moncada tenía un proceso de extinción de dominio por los turbios negocios que tenía el empresario. La Fiscalía indicó que los dos condenados, Martínez y Correa, tenían conocimiento del estado del lote que iban adquirir y aun así siguieron adelante con la negociación.

El fiscal del caso aseguró que la cementera, quien se declaró víctima en el proceso, habría pagado por dicho predio un valor superior a los $40.200 millones y que cada uno de los hoy sentenciados cumplía un rol dentro del entramado que terminó en el desfalco. En relación a Eugenio Correa Díaz, quien fungía como intermediario del negocio, la Fiscalía dijo que era “una persona importante dentro de esta organización y su papel fue bastante relevante y trascendente en la realización de esta serie de conductas”.

Según el fiscal del caso, Correa Díaz estaba intermediando en el negocio entre la cementera y CI Caliza desde 2011, esta última compañía era de propiedad de José Moncada Moncada, quien tenía a su cargo una serie de empresas con las que también cometió actos delictivos evadiendo el pago de impuestos a la Dian.

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