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Lilian Mariño Espinosa - lmarino@larepublica.com.co jueves, 13 de octubre de 2016

La decisión ordenó también al Instituto Alexander Von Humboldt, adelantar en un plazo máximo de dos años una investigación científica y sociológica. “Acatamos el fallo como debe ser, pero  parece que no es conveniente que se deje esta responsabilidad tan difusa. Yo creo que en términos de la política minera que se ha definido, el sector ha hecho los estudios ambientales del caso.  Sin embargo, si se plantea que debemos crear este comité que se encargue de gerenciar la elaboración de un estudio nacional, así lo haremos obviamente”, dijo Murillo.

Agencia nacional de Minería

 La presidente de la Agencia Nacional de Minería, Silvana Habib, señaló que hay cierta preocupación por lo que están estudiando el borrador de la sentencia con el fin de analizar una posible acción judicial ya que la Corte podría haber omitido el hecho de que para emitir este tipo de normas se requiere una ley orgánica.

“Hay cierta preocupación porque lo que vemos es que en el marco de una acción de tutela, la Corte Constitucional está resolviendo asignar una competencia cuando lo que se buscaba con esa acción era la garantía de un derecho de participación ciudadana. En cambio la Corte resuelve asignar una competencia a los entes territoriales de prohibir la actividad minera explicó Habib.

Según la entidad, esto implica un cambio de la Corte sobre las competencias sobre el suelo y el subsuelo, los cuales ya estaban definidos. Sobre el primero regían los entes territoriales y sobre el segundo el Estado.  

“Como cualquier decisión judicial analizaremos si podemos interponer alguna acción para que la Corte tenga en cuenta los argumentos que he manifestado y es que en este caso para hacer primar una competencia sobre otra tiene que hacerse por ley orgánica”, concluyó Habib. 

Frente a la inversión extranjera, el director de la Asociación Colombiana de Minería, Santiago Ángel, ha señalado que se requiere estabilidad jurídica, especialmente cuando entre 2010 y 2016, “tres de cada cuatro fallos de las Cortes han representado decisiones adversas para la industria”.

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