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Colprensa Viernes, 27 de marzo de 2015

Las afirmaciones se dieron por el escándalo que ha provocado con su accionar en la Corte Constitucional el magistrado Jorge Pretelt, y que para las Farc “una justicia transicional con ponencia del indecoroso señor Pretelt se podrá aplicar en una dimensión desconocida, pero no en nuestra sufrida patria. Apelamos al derecho como solución, no como obstáculo. La verdadera justicia está más allá de las Cortes venales. Por eso no aceptamos sentencias sobre paz, moduladas desde una Corte Constitucional amañada y con precio”.

Según las Farc, “a La Habana vinimos a hacer la paz, no a someternos. La lucha por la justicia social, la igualdad de oportunidades, y un país menos pobre, sin miseria, sin desnutrición infantil, sin limosneros y sin saqueadores de las arcas del Estado, no tiene por qué pasar por las conciencias compradas de jueces (no todos), puestos en entredicho y condenados por la opinión sana de los colombianos. La justicia está sub júdice”.

Incluso los guerrilleros se preguntaron que “quién sabe a quién se protege con la decisión de no dejar retirar a magistrados señalados; a cuáles ministros, a cuál litigante del Estado, a cuál empresa financiadora de campañas políticas. El país tiene derecho a la sospecha y es el momento de que se aclaren las cosas”.

El informe de la Comisión Histórica

De otra parte, las Farc pidieron este viernes al Gobierno reconocer la seriedad del informe entregado por la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, que según la guerrilla es el Estado el gran responsable de lo ocurrido durante más de seis décadas de conflicto armado en Colombia.

“Conocidos sus resultados, estos no pueden ser archivados o arrojados al incendio del olvido, como lo sugiere la indiferencia del Gobierno. No solo hay que divulgarlos de manera masiva, sino que, de forma desapasionada y con plena madurez, se debe reconocer en el Estado colombiano la pérdida de su legitimidad”.

Y agregan: “De cara al país le proponemos a la mesa que nos ocupemos, por su obviedad, de la responsabilidad del Estado, colocando la Paz como derecho síntesis, por encima de cualquier otra consideración, convencidos de que con la anuencia del pueblo soberano, encontraremos una vía expedita para la resolución del conflicto. Si se acepta la responsabilidad del Estado, esto sale al otro lado”, señaló.