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Colprensa martes, 27 de mayo de 2014

El Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, aseguró que está de acuerdo con que excombatientes de la guerrilla que haya cometido delitos de lesa humanidad sí puedan participar en política.

“Mi propuesta es que aunque se sancionen y sean condenados por delitos de lesa humanidad, puedan participar en política como un gesto de reconciliación de toda la sociedad colombiana. No estoy de acuerdo que quien haya sido sancionado o condenado por un delito de lesa humanidad, pierda de por vida sus derechos políticos”, señaló.

En ese sentido, el fiscal Montealegre pidió a la Corte que tumbe un aparte del Marco Jurídico para la Paz por estimar que restringe la posibilidad de participar en política a exintegrantes de grupos armados ilegales.

Se trata de un aparte del artículo tercero que expresamente señala que los crímenes de lesa humanidad y genocidio que se hayan cometido de manera sistemática no pueden ser considerados como conexos al delito político y, en consecuencia, sus responsables no podrán participar en política ni ser elegidos.

“Estoy solicitando la inconstitucionalidad porque consagra sanciones perpetuas, prohibiciones absolutas en el sentido de que una vez condenado alguien por un delito de lesa humanidad o por otras graves violaciones, se cierra de por vida la posibilidad en participar en política y eso quebranta principios fundamentales de la Constitución como el derecho a la paz”, señaló.

En audiencia desarrollada en la Corte Constitucional, el fiscal pidió la inexequibilidad de dicho artículo que dice que una ley estatutaria es la que debe definir qué delitos son conexos a los delitos políticos para efectos de la participación en política.

“El artículo tercero del acto legislativo 01 de 2012 restringe la libertad de configuración del legislador para permitir la participación en política de los miembros de grupos al margen de la ley. Al restringir esa libertad de configuración, cercena la posibilidad de buscar una salida negociada al conflicto porque impide en algunos aspectos que los miembros de grupos ilegales puedan participar legalmente en política”, señaló.

La anterior circunstancia, para Montealegre, “profundiza la exclusión de sus miembros en la sociedad y no contribuye a la resolución pacífica de los problemas sociales y económicos que originaron el conflicto”.

Para el fiscal, debe ser la sociedad y el Congreso el que defina posteriormente por ley qué delitos son los que imposibilitarán participar en política y que no haya una “puerta de cierre”.

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