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Andrea Mancera Rojas - amancera@larepublica.com.co martes, 17 de abril de 2012

El Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre Lynett, dijo que en los próximos días enviará una directiva donde se señalen cuáles son los parámetros que deben seguir los fiscales en materia de preacuerdos y principios de oportunidad.

'Es decir, primero vamos a expedir los lineamientos generales y a partir de ellos, dentro del marco de su autonomía, cada fiscal lo aplicará al caso concreto y particular. Lo importante es que debe cesar la anarquía que existe en cuanto a preacuerdos y principio de oportunidad, creo que el ciudadano colombiano tiene derecho al principio de igualdad en la interpretación de la ley, esto es un derecho fundamental', afirmó Montealegre.

Teniendo en cuenta lo anterior, solicitará el aplazamiento de las audiencias del caso Nule, para que luego de expedirse la directiva nacional existan unos lineamientos generales que garanticen a todos los ciudadanos el principio de igualdad ante la ley.

Esto debido a que hizo énfasis en el sistema penal acusatorio y realizó una propuesta para la investigación de los ciudadanos aforados.

En ese sentido el Fiscal General señaló que 'en el tema de la investigación de los altos dignatarios del Estado como magistrados de las altas cortes, el Contralor, el Procurador, el Fiscal General de la Nación, el Presidente de la República, es decir, los aforados plenos, no estoy de acuerdo con la propuesta del Congreso de la República y que se va a debatir en el transcurso de esta semana'.

Según el Fiscal lo que se plantea en el Congreso es la existencia de un tribunal de instrucción, una especie de supercorte que sin pasar previamente por el legislativo pueden entrar a investigar y acusar a los altos dignatarios del Estado, para Montealegre esto motiva una afectación a la autonomía y la garantía institucional de la independencia de los magistrados de las altas cortes.

El jefe del ente acusador propone como alternativa 'que se le acaben las funciones jurisdiccionales al Congreso de la República, dejarle únicamente el tema de responsabilidad política, y el tema de responsabilidad penal lo debe juzgar exclusivamente la Corte Suprema de Justicia con un matiz?, que para iniciar una investigación penal a un alto dignatario del Estado se requiere previamente un juicio de responsabilidad política y de indignidad ante el Congreso'.

Según Montealegre, esta fórmula es equilibrada porque no debe existir ningún funcionario ajeno al control de las instituciones y garantiza la estabilidad y la institucionalidad frente a los altos funcionarios que en cualquier circunstancia no pueden ser acusados en un proceso penal que -dijo- debe estar antecedido por un proceso de responsabilidad política.

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